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Fecha: 11/10/2025 04:32
El reciente fallo que absolvió al policía Maximiliano Nocelli, condenado inicialmente a 25 años de prisión por matar a dos asaltantes durante un robo en 2019, generó un fuerte debate jurídico, político e institucional en Santa Fe. Hernán Lascano, especialista en análisis político y judicial, analizó el caso en su columna semanal en Digamos Todo. “Es un caso de mucha complejidad, no apto para gente que se enoja fácil”, comenzó Lascano, subrayando que se trata de una causa atravesada por lecturas jurídicas antagónicas y también por un interrogante político de fondo: ¿hubo o no una presión del gobernador Maximiliano Pullaro sobre el Poder Judicial para lograr un fallo afín a su postura? Desde su discurso inaugural como gobernador, Pullaro había manifestado su intención de buscar la revisión de la condena contra el policía Nocelli. Esa revisión, efectivamente, se concretó en las últimas horas con un fallo absolutorio que el propio mandatario y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, celebraron públicamente. El hecho ocurrió en 2019, en la intersección de 27 de Febrero y Buenos Aires, cuando el policía Nocelli intervino ante un robo. En el intercambio de disparos, su compañero Hugo Leone resultó herido. Según la fiscalía, Nocelli ejecutó a los asaltantes cuando ya no representaban peligro, un acto que calificaron como “doble homicidio agravado”. En cambio, la defensa sostuvo que Nocelli actuó en un contexto de alta adrenalina, creyendo que su compañero podía estar muerto y que la situación aún no estaba controlada. “Los fiscales decían que se trató de una ejecución filmada”, explicó Lascano. “Incluso un colega del propio Nocelli le dijo al tribunal que no entendía por qué su compañero disparó contra la mujer que acompañaba al asaltante, si ya no había peligro”. Para Lascano, la postura de Pullaro fue clara desde el primer día: respaldar a la fuerza policial y utilizar el caso Nocelli como emblema. “El día que asumió, le dijo a la policía que iba a acompañarla en un contexto de inseguridad feroz, y tomó este caso como ejemplo”, recordó. El gobernador sostuvo además que los policías “tienen un arma en la cintura para usarla” y anunció su intención de impulsar el juicio por jurados, donde la ciudadanía pueda decidir el destino de los acusados. Lascano celebró esa iniciativa: “Sería un gran aporte institucional. Casos como este podrían tener otra mirada si fueran juzgados por ciudadanos comunes”. El periodista también destacó que Pullaro eligió un caso particular, donde era posible sostener jurídicamente la defensa del accionar policial, marcando distancia de otras causas de “gatillo fácil”. Sin embargo, recordó que dos tribunales previos habían coincidido en condenar a Nocelli tras extensos procesos judiciales. El cambio llegó cuando el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, consideró que los jueces anteriores no habían ponderado adecuadamente el contexto en que actuó el policía. Según Barraguirre, no se podía evaluar el caso “de manera artificial”, sin tener en cuenta que Nocelli respondió mientras su compañero yacía en el piso herido. La Corte Suprema de Santa Fe acompañó por unanimidad ese punto de vista (con la única ausencia del juez Daniel Erbetta), ordenando revisar la sentencia. Una nueva Cámara Penal, con tres jueces distintos, determinó finalmente que Nocelli había actuado en legítima defensa. La jueza Gabriela Sansó, autora del voto principal, señaló que los magistrados anteriores “valoraron de manera deficiente lo ocurrido” y que debía tenerse en cuenta la reacción humana ante un contexto de violencia extrema. El debate no termina en lo jurídico. Lascano subrayó que el fallo reavivó una preocupación institucional profunda: ¿decidió el Poder Judicial por convicción o por sumisión ante el poder político? Pullaro, recordó el periodista, designó a un dirigente político afín para integrar la Cámara Penitenciaria y eliminó el orden de mérito en la selección de jueces, lo que generó cuestionamientos dentro del propio ámbito judicial. Además, impulsa una reforma procesal criticada por especialistas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Entonces, la pregunta es: ¿el nuevo fallo se dictó por convicción o por miedo a contrariar al gobernador?”, planteó Lascano. “¿Hubo una intromisión aceptable o inaceptable del Poder Ejecutivo más allá de lo razonable?” Aunque reconoció que el fallo actual tiene “elementos jurídicos muy razonables”, el analista advirtió sobre el precedente que deja: “¿Qué pasará si en el futuro un gobernador intenta influir en un caso arbitrario para enviar un mensaje político? Es una línea muy delicada”.
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