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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 11/10/2025 03:25
El Gobierno de Entre Ríos dio por finalizado el sumario administrativo instruido contra la ex agente Patricia Silvia Velázquez, quien se desempeñaba como Directora Nivel I del Centro de Salud “Polonio Burgos” de Las Tunas, y cuya investigación confirmó graves irregularidades en el funcionamiento del establecimiento. Aunque Velázquez ya no mantiene vínculo laboral con la Provincia —por lo que no puede aplicarse la sanción de cesantía—, el proceso concluyó de manera categórica que los hechos imputados “han quedado acreditados en el curso de la investigación sumarial”, y que su conducta encuadra en la falta prevista en el Artículo 46º inciso d) de la Ley 9892, referida a “negligencia manifiesta, omisión reiterada o faltas graves en el desempeño de sus funciones”. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.193, donde se detalla el contenido del expediente y los resultados de la investigación. Irregularidades confirmadas por la investigación El sumario se inició tras detectarse anomalías graves en la gestión y prestación de servicios del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Polonio Burgos”. Según consta en el documento oficial, inspecciones realizadas en distintas fechas de 2018 —30 de enero, 28 de mayo y 11 de junio— comprobaron que el centro permanecía cerrado en horarios en que debía estar abierto al público, sin cartelería visible que informara los horarios de atención, los cuales estaban fijados de lunes a viernes, de 8 a 19. El informe también verificó falta de control interno, ausencia de registros de asistencia del personal y deficiencias en el suministro de insumos esenciales. A su vez, las encuestas realizadas en la comunidad revelaron que los vecinos no acudían al CAPS por falta de atención médica, recurriendo en su lugar al Hospital de Viale. El texto del sumario agrega que las historias clínicas estaban incompletas o sin registro de atención, y que incluso la defensa reconoció que el centro “habitualmente se encontraba cerrado” y que no se cumplían los horarios establecidos para la atención de pacientes. Una renuncia que no evita la responsabilidad Durante el proceso, Velázquez presentó su renuncia y se abstuvo de declarar en la etapa de indagatoria. Pese a la baja automática del cargo, la Fiscalía de Estado determinó que la dimisión no impide al Estado ejercer su potestad disciplinaria por hechos ocurridos durante la relación laboral. El decreto que pone fin al procedimiento declara abstracto el sumario en cuanto a la aplicación de la sanción, pero dispone que se deje constancia en el legajo personal de la medida que le habría correspondido: la cesantía, conforme a los artículos 43º inciso g), 45º y 46º inciso d) de la Ley 9892. Esta resolución, explicaron fuentes oficiales, sienta un precedente administrativo al asegurar que la gravedad de las faltas cometidas quede registrada en los antecedentes laborales de la ex funcionaria, impidiendo una eventual reincorporación al Estado provincial.
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