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Parana » Plazaweb
Fecha: 10/10/2025 03:32
Amarú Méndez, quien se desempeña como administrativa en una escuela secundaria de Paraná, denunció que a partir del 31 de diciembre quedará sin trabajo en el Gobierno de Entre Ríos. La comunicación de su desvinculación le llegó mediante un correo electrónico del Consejo General de Educación, donde depende laboralmente. “Es una tristeza muy grande que se tome esta decisión, de quitarme mi trabajo por alzar la voz para defender los derechos de las personas con discapacidad”, expresó en charla con Cosas que pasan en Radio Plaza. La trabajadora asegura que su labor en el Consejo se inició en 2021 como suplente de un cargo vacante y que ahora le correspondería la titularidad, tras la jubilación de la persona que ocupaba dicho puesto. Denuncia de represalia Señaló que su desvinculación es consecuencia de su participación en la defensa de la Ley de Emergencia de Discapacidad y de sus intervenciones públicas en el Congreso de la Nación. “Es un castigo por marcar las faltas que estaba haciendo el gobierno provincial mediante sus legisladores”, aseguró. La referente aclaró que siempre buscó el diálogo y nunca recurrió a insultos. Respecto a otros trabajadores, afirmó que “no tengo conocimiento de que a nadie le haya llegado una resolución. Soy la primera persona en Entre Ríos a la que le hacen esto por contar la situación que estábamos atravesando en discapacidad”. Falta de comunicación oficial Tras publicar la situación en redes sociales, Méndez no recibió ningún contacto del Gobierno provincial para explicar su desvinculación o intentar un diálogo. “Estoy esperando y dejó en claro que voy a seguir luchando, porque este es mi derecho de tantas familias que he apoyado en estos más de 12 años, no me van a callar”, señaló. La trabajadora describió la decisión como un acto discriminatorio que afecta tanto a su familia como a su fuente de ingresos. “Se metieron con el sostén de mi familia, con mi trabajo, algo que cuido hace muchos años”, enfatizó. En cuanto al procedimiento, explicó que “se rigen de una resolución que quiero aclarar, no está reglamentada”. La trabajadora confirmó que está afiliada a un gremio estatal y cuenta con asesoramiento legal. “Me dijeron que espere, que eso se iba a solucionar, pero como vi que no avanzaban en mi tema, decidí salir y exponer lo que me estaba pasando”, explicó.
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