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» Santo Tome al dia
Fecha: 09/10/2025 02:20
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley que modifica el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque uno de los artículos centrales fue rechazado, por lo que el texto deberá volver al Senado para una nueva revisión. La iniciativa, que busca acotar la capacidad del Poder Ejecutivo para dictar decretos, había sido aprobada previamente en la Cámara alta con un amplio consenso que incluyó a legisladores del radicalismo, fuerzas provinciales y sectores del PRO. El punto más debatido fue el artículo que fijaba un plazo máximo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre cada decreto. Ese apartado no alcanzó los votos necesarios, lo que obliga a que el Senado decida si ratifica el texto original o acepta los cambios introducidos en Diputados. Más allá de esa modificación, la nueva ley establece que tanto Diputados como el Senado deberán pronunciarse para validar un DNU. En la actualidad, basta con la aprobación de una sola de las cámaras para que un decreto quede firme. De esta manera, se busca fortalecer el control legislativo sobre las decisiones del Ejecutivo. Otro de los cambios incorporados dispone que cada decreto deberá abordar un único tema o área específica, evitando la práctica de incluir múltiples disposiciones en un mismo texto. En ese sentido, no podrían repetirse decretos amplios como el 70/23, que introdujo reformas en distintos sectores al mismo tiempo. El tratamiento del proyecto generó intenso debate político en el recinto. Desde La Libertad Avanza, consideraron que la reforma “busca inmovilizar al Poder Ejecutivo y debilitar la gobernabilidad”, según expresó el diputado Álvaro Martínez. En la misma línea, el referente del PRO Damián Arabia advirtió que la oposición “no quiere que gobierne nadie si no gobierna el peronismo”. Por su parte, el radical Martín Tetaz sostuvo que la modificación “debería aplicarse a partir de 2027”, mientras que el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó que los decretos “han sido una herramienta que debe ser limitada para garantizar la libertad y el equilibrio institucional”. Aunque el oficialismo no logró bloquear la aprobación, sí consiguió demorar el avance definitivo del proyecto, lo que posterga cualquier posible veto presidencial hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
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