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» Elterritorio
Fecha: 08/10/2025 21:08
El fiscal Eduardo Taiano solicitó el análisis forense de los dispositivos electrónicos del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros acusados, en el marco de la investigación por la cripto $LIBRA. Se rastrearán conversaciones en apps, imágenes y geolocalización. miércoles 08 de octubre de 2025 | 10:39hs. La investigación judicial sobre el polémico lanzamiento de $LIBRA dio este miércoles un giro significativo cuando el fiscal federal Eduardo Taiano ordenó una pericia forense exhaustiva sobre los teléfonos celulares del presidente Javier Milei y su hermana Karina, y otros dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la causa, buscando determinar si hubo comunicaciones entre el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los principales impulsores del token. Este requerimiento judicial es un paso fundamental para esclarecer la supuesta conexión entre la cúpula del gobierno y el proyecto de criptomoneda que generó un escándalo a días de su lanzamiento. El análisis forense, solicitado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se centrará en los dispositivos incautados el 6 de marzo de 2025 a figuras clave como Mauricio Novelli y Sergio Morales (exasesor de la CNV). Sin embargo, el requerimiento también abarca la búsqueda de contactos cruciales, incluyendo a los hermanos Milei (Javier y Karina), Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy. La Fiscalía busca rastrear la totalidad de las conversaciones, tanto individuales como grupales, a través de todas las aplicaciones de mensajería: WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn. "El requerimiento incluye la búsqueda de llamadas y mensajes con múltiples líneas telefónicas cuyas titularidades están informadas a nombre de Javier Milei (trece números) y Karina Milei (un número)", indican en el documento judicial. El foco de la pericia está puesto en comunicaciones con rastreo de mensajes de los involucrados con los hermanos Milei, y otros investigados como el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, y el CEO de Kip Protocol, Julian Peh. También rastrear terminología específica buscnado palabras clave vinculadas tanto a la tecnología blockchain como a prácticas financieras irregulares: “memecoin”, “token”, “$libra”, “solana”, “binance”, “kraken”, así como “insider”, “sniper”, “rug pull” y “pump and dump”. También ver la conexión con el Estado, y allí se rastrearán términos como “presidente”, “milei”, “karina milei”, “gobierno”, “olivos” y “casa rosada”, además de imágenes en edificios públicos o durante el evento Tech Forum, donde se presentó el proyecto. La orden de Taiano incluye medidas técnicas de alta complejidad, lo que subraya la seriedad de la investigación como la Geolocalización, para la que se ordenó determinar la ubicación de los dispositivos móviles de los investigados en períodos críticos, incluyendo la semana entre el 12 y 19 de julio del año pasado, y del 13 al 16 de febrero de este año. También el uso de billeteras virtuales, para lo que la fiscalía instruyó identificar la existencia de aplicaciones de exchanges o billeteras virtuales, como Phantom y Solflare, cruciales para operar con criptomonedas. Y también el recupero de datos, lo que es considerado un punto clave es la exigencia de identificar y procurar el recupero de todo el contenido eliminado en cada dispositivo, una técnica forense que puede revelar información crucial. El origen del escándalo Para entender la magnitud de la orden judicial, es fundamental recordar el contexto del caso $LIBRA. El escándalo se desató tras el lanzamiento de esta memecoin que, aunque se presentaba como un proyecto descentralizado, rápidamente generó sospechas de un posible esquema de estafa o "pump and dump" (inflar artificialmente el precio para luego vender masivamente y colapsarlo). El proyecto ganó notoriedad por su supuesta cercanía con el entorno presidencial. La controversia se centró en el uso que hizo el presidente Javier Milei de su cuenta de la red social X.com para dar a conocer el token. La denuncia inicial apuntaba a que los impulsores del token habrían utilizado información privilegiada (insider trading) o influencias políticas para promocionar el activo, aprovechando la coyuntura y la presencia de figuras públicas para atraer inversores, muchos de los cuales perdieron su capital tras la caída abrupta del precio. La investigación busca determinar si hubo un delito financiero y, de ser así, establecer las responsabilidades penales.
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