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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 08/10/2025 19:00
El juez Daniel Rafecas resultó sorteado en la causa de violencia de género que enfrenta el ex presidente Alberto Fernánez El juez federal Daniel Rafecas fue designado este miércoles para continuar la causa por violencia de género en la que está imputado el ex presidente Alberto Fernández, denunciado por su expareja Fabiola Yáñez. La decisión se conoció dos días después de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal apartara al magistrado Julián Ercolini, tras hacer lugar al planteo de la defensa del ex mandatario por presunta enemistad con el juez de primera instancia. La investigación, en rigor, se encontraba próxima a ser elevada a juicio oral cuando el máximo tribunal penal resolvió, este lunes, que Ercolini debía dejar el caso “con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”. El tribunal, integrado por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro W. Slokar, aclaró que el apartamiento se disponía “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”, por lo que las medidas de prueba y el procesamiento del ex presidente quedaron vigentes. Con el sorteo de Rafecas, titular del Juzgado Federal N.º 3 de Comodoro Py, el expediente se encamina a la etapa de cierre de la instrucción. El juez conoce al imputado por sus actividades como docentes en la Facultad de Derecho de la UBA. Además, fue propuesto por Alberto Fernández en diciembre de 2019 para ocupar la Procuración General de la Nación en reemplazo de Eduardo Casal, aunque su pliego nunca llegó a ser tratado en el Senado. La ex primera dama Fabiola Yañez denunció al ex mandatario por lesiones y amenazas: el expediente está a un paso de su elevación a juicio (EFE/Andre Borges) El apartamiento de Ercolini, por lo demás, se resolvió como respuesta al pedido de recusación presentado por Fernández y su abogada, Silvina Carreira, quienes alegaron que existía una relación personal previa con el magistrado -primero de amistad y luego de enfrentamiento- que afectaba su imparcialidad para intervenir en el caso. Ercolini había rechazado excusarse en diciembre de 2024 tras sostener que “no existían hechos concretos y objetivables” que justificaran su salida. La Cámara Federal porteña había confirmado esa decisión en dos oportunidades. Al revisar el caso, los jueces de la Sala II de Casación consideraron que Fernández aportó “pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini”, lo que no había sido evaluado anteriormente. Los magistrados concluyeron que esos elementos daban “sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad” y resolvieron apartar a Ercolini. El fallo, sin embargo, especificó que todos los actos procesales cumplidos por el magistrado y por el fiscal federal Ramiro González conservaban plena validez. El fiscal González había dado por concluida la instrucción el 14 de agosto, cuando requirió la elevación a juicio oral y público del ex presidente. En ese acto imputó a Fernández por amenazas coactivas, lesiones leves y lesiones graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género. El juez federal Julián Ercolini fue apartado por temor de parcialidad en la causa (Maximiliano Luna) Según su dictamen, el ex jefe de Estado “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”. El representante del Ministerio Público describió además dos episodios de agresión física: uno el 21 de junio de 2021, cuando Yáñez habría recibido un golpe en el ojo derecho, y otro en agosto del mismo año, con lesiones en el brazo y una patada en el vientre. El delito de amenazas coactivas se relaciona con presuntas presiones ejercidas sobre la víctima para evitar la denuncia, a cambio de asegurar el futuro económico del hijo que ambos tienen en común. De acuerdo a la calificación legal adoptada en el expediente, la expectativa de pena asciende a dieciocho años de prisión. La denuncia fue presentada por la ex primera dama el 6 de agosto de 2024, que encuadró los episodios bajo el marco de su relación de pareja con el ex mandatario, que se extendió desde 2016 hasta agosto de 2024, incluyendo el mandato presidencial de Fernández entre 2019 y 2023. Entre los elementos que corroborarían los supuestos ataques se encuentran las imágenes de la demandante con moretones en el ojo derecho y en uno de sus brazos.
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