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» Diario Cordoba
Fecha: 08/10/2025 11:19
Hasta media docena de urbanizaciones de la capital esperan seguir próximamente el camino marcado ayer por El Sol, El Aljarafe, La Perla y Maravillas del Aeropuerto, después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobara el proyecto de reparcelación en el primer caso y los planes especiales de adecuación ambiental en los tres restantes. En concreto, se trata de las urbanizaciones de Santa Cruz, Las Pitas, Campiñuela Norte, Barquera Sur, Torreblanca y La Gorgoja–Marroquil, cuya documentación para lograr la dotación de servicios ya ha sido presentada y está en fase de análisis por parte de Urbanismo, según confirmó a este periódico Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC). En el caso de Santa Cruz, el expediente afecta a un área de diez viviendas, ya que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) permite la división de urbanizaciones en distintas unidades. Por su parte, Las Pitas, ubicada en el entorno de El Higuerón, ha remitido a Urbanismo la documentación de su plan especial y, además, por estar en el ámbito protegido de Medina Azahara, ha solicitado a la Consejería de Cultura y Deporte el informe preceptivo que autorice el procedimiento. Cabe recordar que en el caso de Las Pitas y de las otras dos parcelaciones del entorno de Medina Azahara (La Gorgoja II y Córdoba la Vieja), Urbanismo recoge en la guía práctica que publicó hace más de un año que «existen dudas sobre la posibilidad» de aplicarles el artículo 175 de la Ley Lista, es decir, de utilizar el plan especial de adecuación ambiental, por lo que habrá que esperar para ver si finalmente podrán lograr los servicios básicos. A. J. González Diferentes vías Ambas parcelaciones esperan obtener el visto bueno del consejo rector de Urbanismo a través del artículo 175 de la Ley Lista, el mismo que ha permitido avanzar a El Aljarafe, Maravillas del Aeropuerto y La Perla. En cambio, Campiñuela Baja Norte tramita su regularización mediante el artículo 176.6, que contempla la incorporación de servicios básicos —en este caso, agua potable y saneamiento, ya que la zona dispone de suministro eléctrico— a edificaciones irregulares con más de seis años de antigüedad. Según De Gracia, esta última área, situada junto al canal del Guadalmellato, podría ser una de las primeras en obtener la aprobación definitiva, ya que únicamente está pendiente de un informe arqueológico que «se ha retrasado más de lo esperado». Si no fuera por ese trámite, apunta, «habría podido entrar en el último consejo rector». Un hombre pasea a su perro por Maravillas del Aeropuerto. / A.J. GONZÁLEZ Negociaciones con la GMU Por otro lado, Urbanismo prevé aprobar próximamente los proyectos de reparcelación de una de las cinco unidades de Barquera Sur, así como los de Torreblanca (entre el arroyo de Los Pradillos y la N-432) y La Gorgoja–El Marroquil, ubicada entre la A-431 y el arroyo de Huerta de Mallorga. En este último caso, será necesario realizar «un cambio de garantías», según detalló el presidente del CMC. También mencionó la situación de Barquera Norte, actualmente «detenida» tras la anulación judicial en 2017 del plan de reparcelación aprobado dos años antes. En total, son, según De Gracia, seis urbanizaciones las que podrían recibir luz verde en los próximos consejos rectores de Urbanismo. Además, una veintena se encuentran en fase de negociación, entre ellas, Siete Fincas (en la zona de la Sierra) y varias parcelaciones de Santa Ana de la Albaida, junto al Castillo, en el arroyo de Ochavillo y en el entorno de Las Quemadas. Avances en Andalucía Con estos avances, Córdoba se suma a otros municipios andaluces como Vejer de la Frontera y Chiclana (en Cádiz) o Utrera (Sevilla), donde ya se están aplicando los mecanismos previstos por la Ley Lista. La Junta destaca su «satisfacción» por que la norma «esté facilitando este proceso», cumpliendo así «el objetivo de crear un instrumento jurídico para la adecuación ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares». Con ello, y según fuentes de la Consejería de Fomento, la administración autonómica busca «ofrecer una salida legal y dotar de servicios básicos a viviendas que hasta ahora permanecían en un limbo jurídico».
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