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» Diario Cordoba
Fecha: 08/10/2025 10:30
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes, según recoge la agencia Europa Press. La UE considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios. Sin embargo, el Ministerio de Consumo asegura que las sanciones a estas empresas tienen "argumentación jurídica" y asegura que cada año se abren una media de 30 expedientes de este tipo y que España tiene abiertos 94 en la actualidad. La apertura del expediente sancionador tiene la forma de una carta motivada que establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias. De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Consumo considera que las sanciones a las cinco aerolíneas por cobrar por el equipaje de mano en cabina tienen "una argumentación jurídica" pese al expediente que le ha abierto este miércoles la Comisión Europea. Las sanciones se dieron a conocer el pasado noviembre, cuando Consumo anunció multas a Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea por prácticas abusivas, tales como el cobro por estas maletas o por reservas asientos contiguos para personas dependientes. Ahora, la Comisión Europea ha anunciado un procedimiento de infracción contra España por esta multa porque considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios. Segunda fase De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No obstante, fuentes del Ministerio de Consumo ha señalado a la agencia Europa Press que cada año se abren una media de 30 expedientes de este tipo y que España tiene abiertos 94 en la actualidad, uno de ellos por la OPA de BBVA a Sabadell, ya que la Comisión Europea detectó que podría incumplirse la normativa bancaria de la Unión Europea. En cualquier caso, afirman desde el departamento gubernamental, "este expediente no altera las sanciones a las cinco aerolíneas" por parte del Gobierno de España, que siguen en curso, y que actualmente se encuentran recurridas en vía judicial, ya que la CE "no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE". Con todo, el Ministerio de Pablo Bustinduy se reafirma en que la argumentación jurídica que sustenta estas sanciones "se ajusta escrupulosamente tanto a la legislación española como la jurisdicción europea". Investgación preliminar desde enero El caso se remonta a enero del pasado año, cuando la Comisión Europea estableció un diálogo "informal" en el marco del mecanismo 'EU Pilot' que marcó el inicio de una investigación preliminar, a raíz de la denuncia presentada ante Bruselas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) y Airlines for Europe (A4E). El Ejecutivo comunitario señaló entonces que apoyaba de "manera general" las medidas de protección al consumidor dentro del Mercado Interior, "siempre y cuando que estas cumplan con la libertad de fijación de precios y transparencia de precio". Sin embargo, no fue hasta este mes de septiembre que el departamento del comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, dijo contar con la "información suficiente" para tomar una decisión con respecto al caso, aunque entonces no dio un plazo para ello. Aquella consideración se produjo después de que el comisario se reuniera en su despacho con el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, y conversara por teléfono con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien se había quejado públicamente de que el comisario no había atendido a sus repetidas peticiones de reunión.
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