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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 06/10/2025 16:42
Fotografía de los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó este lunes los ofrecimientos económicos presentados por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios en la megacausa conocida como “Los cuadernos de las coimas”, al considerar que no correspondía aplicar la figura de la “reparación integral” prevista en el Código Penal para extinguir la acción penal. La resolución, liderada por el juez Enrique Méndez Signori y acompañada por sus colegas Fernando Canero y Germán Castelli, alcanzó a todos las propuestas realizadas en los últimos meses, que incluían montos en efectivo y bienes muebles e inmuebles por un total estimado entre 12 y 21 millones de dólares. Con este pronunciamiento, los imputados deberán afrontar el juicio oral que comenzará el próximo mes. Entre los oferentes figuraban empresarios de la construcción, la energía y el transporte, así como algunos exfuncionarios. Los montos más altos correspondían a Ángelo Calcaterra -primo del ex presidente Mauricio Macri-, con 1,68 millones de dólares; Ernesto Clarens, con 1,5 millones; y Aldo Roggio, con 1,26 millones. También presentaron propuestas Gabriel Pedro Losi (557 mil), Juan Manuel Collazo (603 mil), Héctor Javier Caballero (460 mil) y Mario Rovella (494 mil). Otros oferentes fueron César y Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán (1,08 millones); Hugo Draggnotti, de Panedile (960 mil); Osvaldo Acosta, de Electroingeniería (295 mil); Santiago Altieri, de Iecsa (309 mil); Miguel Marconi, de Supercemento (342 mil); Rubén Valentí y Enrique Pescarmona, de IMPSA (344 mil); y Benjamín Romero, de Hidrovías y Ferrovías (344 mil). También se mencionaron las propuestas de Patricio Gerbi (139 mil), Miguel Aznar (162 mil), Claudio Glazman (206 mil), Ricardo Scuncia (221 mil), Julio Paulecci (256 mil) y Jorge Benolol (290 mil). Algunos de los empresarios que ofrecieron plata a modo de compensación En el caso de los exfuncionarios, Juan Manuel Abal Medina ofreció una suma cercana a los 40 mil dólares, mientras que Fabián García Ramón, exdirector de Energías Renovables, propuso casi un millón. Ambos habían reconocido la recepción de dinero como parte de supuestos aportes de campaña. Algunos ofrecimientos fueron de escasa entidad. Alberto Taselli propuso 10 mil dólares, Mario Marcussi 203, Carlos Román 1.823 y Carlos Arroyo la misma cifra. Luis Armani, de Vialmani, ofreció 3.379; Roberto Orazi, de Hidraco, 92 mil; Rodolfo Poblete, de Hidrovía, 33 mil; y Juan Luciano, de Luciano S.A., 60 mil. Los hermanos Adrián y Mauricio Pascucci, de Alquimaq, comprometieron 133 mil pesos. La fiscal federal Fabiana León se opuso a todas las presentaciones y afirmó que “no se puede pagar para zafar”. En la audiencia, señaló que aceptar esos montos implicaría “tarifar la impunidad”. La Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, adhirió a esa posición. Su director, Paul Starc, sostuvo que las propuestas equivaldrían a “mercantilizar la corrupción”, mientras que el representante del organismo, Mariano Galpern, advirtió que “la complejidad del proceso no habilita la impunidad”. Las defensas argumentaron que la reparación integral es una figura vigente que no distingue por tipo de delito y que puede aplicarse cuando los montos ofrecidos provienen de fondos lícitos. Señalaron que la oposición de la fiscalía se apoyó en razones de carácter general sin sustento jurídico. Algunos abogados destacaron además la magnitud del juicio, que involucrará a cerca de un centenar de acusados y podría extenderse durante varios años. La causa “Cuadernos”, en rigor, se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó durante años supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Esos cuadernos, junto con declaraciones de arrepentidos, derivaron en una investigación que alcanzó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios de su gobierno y a decenas de empresarios de distintos sectores. El fallo firmado por la unanimidad del Tribunal Oral Federal 7 deja sin efecto la posibilidad de sobreseimiento mediante compensaciones económicas y confirma que todos los acusados deberán presentarse al debate oral previsto para el 6 de noviembre. Noticia en desarrollo
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