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Parana » Paginajudicial
Fecha: 06/10/2025 14:40
La reforma aprobada impide que los delitos contra la integridad sexual y las tentativas sean juzgadas por jurados populares. También se aplica un significativo recorte en la remuneración de los jurados. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo tuvo catorce votos a favor, una abstención y un voto en contra. De la Redacción de Página Judicial La Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de reforma del juicio por jurados que establece dos cambios centrales a la ley vigente: la exclusión de los delitos contra la integridad sexual y de aquellos en forma tentada en cualquiera de sus modalidades. También se legisla sobre remuneración y gastos, lo que en rigor supone una rebaja en el monto que se asignará a quienes sean jurados en los juicios populares. El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo, aunque tenía el aval casi unánime del Poder Judicial, y fue aprobado por catorce votos afirmativos, la abstención de Martín Oliva (PJ) y el voto negativo de Patricia Díaz (PJ). A partir de esta reforma, deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados los delitos cuya pena máxima en abstracto sea superior a veinte años de prisión o reclusión, junto con los delitos conexos que concurran con ellos. En caso de concurso de delitos, se prevé que la obligación de juicio por jurados rija cuando al menos uno de ellos tenga establecida una pena máxima en abstracto mayor a veinte años de prisión o reclusión. La integración con jurados será obligatoria e irrenunciable y en la nueva legislación también se establecen modificaciones sobre la remuneración para los jurados y gastos, así como sobre la conservación del cargo de las personas designadas como integrantes titulares o suplentes: antes se calculaba en función del valor del jurista, que actualmente tiene un valor de 68.889,63 pesos; ahora se calculará sobre el valor del jus previsional, que es de 23.000 pesos, lo que significa una rebaja significativa. Qué se dijo El senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos-Nogoyá) señaló que “en Entre Ríos hay muchos vecinos esperando el acceso a la justicia” y resaltó que la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo no vulnera garantías constitucionales ni convencionales, sino que se trata de una facultad de la Provincia: “Ponemos y damos prioridad a que entrerrianos puedan acceder a un proceso judicial que están esperando. En la espera se pueden lesionar derechos”. En ese sentido, el senador sostuvo que “hay más de 190 juicios que esperan ser sometidos a jurado. El problema nos llegó y tenemos que resolverlo, aunque sea transitoriamente con esta modificación” y destacó la importancia de mantener el juicio por jurados como instituto de democratización de la justicia, pero aclaró que las reformas son “perfectibles y pueden seguir modificándose” y concluyó: “La prioridad es dar celeridad a la Justicia y garantizar el acceso de las víctimas a un proceso”. Por su parte, el senador Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos-Villaguay) señaló que la iniciativa llegó a la cámara alta “con la problemática ya creada”, en referencia a unas 190 causas pendientes de resolución. Según explicó, la reforma apunta a agilizar los procesos y destrabar el “cuello de botella” existente en el sistema judicial. Además, el legislador hizo hincapié en la necesidad de atender a los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que en un fallo reciente recomendó que los delitos de abuso sexual sean juzgados por jueces técnicos y no por jurados populares, para evitar la revictimización de mujeres y niños. A su turno, el senador Martín Oliva (Más para Entre Ríos-Uruguay) fundamentó su abstención señalando que se trata de una norma “joven”, sancionada en 2019, y advirtió que la reforma “reduciría la competencia del juicio por jurados y le quita participación a la ciudadanía en el juzgamiento de procesos penales”. Además, consideró que las dificultades señaladas “responden a cuestiones de recursos y de logística, no a la ley en sí misma”. En tanto, la senadora Patricia Díaz (Más para Entre Ríos-La Paz) expresó su voto negativo y argumentó que la iniciativa implica “un retroceso en un derecho adquirido desde la recuperación democrática”, al reducir la participación ciudadana en los procesos penales. “El juicio por jurados no fue un experimento, sino un avance histórico que acercó la justicia a la gente”, afirmó. “Ninguna crisis justifica debilitar derechos”, agregó la senadora. Díaz señaló que la reforma “recorta apoyos y suma excepciones” que limitan la diversidad y la representatividad de los jurados, lo que a su juicio podría afectar la legitimidad y la confianza en la Justicia y afirmó que su voto en contra “busca resguardar el valor democrático y la cercanía que el sistema de jurados ha generado en la provincia”.
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