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Parana » APF
Fecha: 04/10/2025 17:30
Será el miércoles 8 de octubre a partir de las 8:30 en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados. La norma cuenta con la aprobación de ambas Cámaras: el 22 de mayo tuvo media sanción de Diputados y el 18 de septiembre fue aprobada en general y particular por el Senado, y volvió a la Cámara de origen en revisión. El proyecto del Poder Ejecutivo tuvo serios cuestionamientos de organizaciones de jueces. sábado 04 de octubre de 2025 | 16:44hs. El miércoles 8 a las 8.30 la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados volverá a reunirse para abordar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de reforma del Consejo de la Magistratura que cuanta con media sanción de ambas cámaras de la Legislatura provincial. El proyecto que el Poder Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2024 fue aprobado en general y en particular el 22 de mayo de 2025 y pasó en revisión al Senado. Allí, el 18 de septiembre fue tratado sobre tablas con el número de votos requeridos, dos tercios, y fue aprobado en general y particular y remitido en revisión a la cámara de origen. Doble vocación Según el Poder Ejecutivo, el proyecto tiene “una doble vocación”. Por un lado, pretende brindar “una adecuada respuesta a la situación y necesidades hoy existentes, aportando celeridad a los concursos, para regularizar definitivamente la cobertura de cargos vacantes”. Por otro lado, “aspira a trascender en el tiempo, para que una vez cubiertas las vacantes hoy existentes o simultáneamente con esa labor, se realicen concursos anticipados para futuras vacantes, garantizando la mayor agilidad posible en la designación de Magistrados y Funcionarios de los Ministerios Públicos, elevando al máximo el estándar de seguridad jurídica y transparencia en su designación”. Rechazo El proyecto oficial de reforma del Consejo de la Magistratura fue rechazado a principios de año, con duros conceptos, por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJ) que, en una nota enviada a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados –con copia al gobernador y al presidente de aquella Cámara, realizó un pormenorizado análisis -técnico y político- del proyecto y se planteó una sería crítica sobre la eliminación de la paridad de género y la conformación de un órgano asesor que se superpondría con la tarea de los consejeros, entre otros temas de importancia. El Poder Ejecutivo envió el 6 de diciembre de 2024 su proyecto de reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos Nº 11.003. En aquella ocasión se cuestionó la demora en la realización de los concursos para ingresar el Poder Judicial y se señaló –en referencia a la modificación que se realizó entre gallos y medianoche en la gestión de Gustavo Bordet-, que “la última reforma legal que ha merecido dicho organismo, ha generado una serie de inconvenientes de funcionamiento, que deben subsanarse para asegurar la función constitucional asignada”. En este sentido, se puntualizó en “el procedimiento previsto en la Ley Nº11.003 para el desarrollo de la prueba de oposición denominado Banco de Casos, resulta de una complejidad tal para la prosecución de los concursos convocados que, al no contar con los suficientes casos establecidos en la ley por materia, cargo y especialidad, y ‘2024 Año del Trigésimo Aniversario de la Reforma de la Constitución Nacional’ con la cantidad de 100 como mínimo para cada caso, no hace más que profundizar las demoras que ya se verificaban con anterioridad a la sanción de la reforma”. El Poder Ejecutivo fundamentó la necesidad de la reforma en que “se proponen otras reformas para mejorar el funcionamiento del Consejo: en relación a la composición del cuerpo de académicos se propone un cambio que por un lado, jerarquice la profesionalidad, calidad técnica y especialización en relación a la ciencia jurídica con la participación de las universidades, tanto públicas como privadas, que forman a los profesionales del derecho en nuestra región, como así también reconocer la necesidad de la participación imprescindible de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, única Casa de Altos estudios, con rango constitucional y sostenida por el presupuesto público de nuestra provincia”. Este punto generó mucha resistencia, tanto en ámbitos jurídicos como académicos. El Gobierno considera que “una innovación de este proyecto, es el denominado Concurso Anticipado, el cual ha sido instrumentado en el Consejo de la Magistratura de la Nación y en sistemas comparados. Esta herramienta habilita la realización de concursos para cubrir futuras vacantes que se produzcan, permitiendo que de inmediato se puedan conformar las ternas para cubrir el cargo, a partir de un listado de postulantes que ya han sido previa y debidamente evaluados por concurso”. (APFDigital)
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