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Parana » APF
Fecha: 02/10/2025 18:31
Establece la “obligatoriedad” de controles de “detección de consumo de sustancias psicoactivas ilegales a todas las personas que integran los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, iniciando por el Poder Legislativo”. Tendrán vigencia anual y constituirán “un mecanismo periódico de control, aleatorio, inmediato y no anunciado, previniendo el consumo de estupefacientes en los ámbitos de gobierno”. Actuará una Comisión Evaluadora con un integrante de cada poder. jueves 02 de octubre de 2025 | 17:49hs. Los diputados provinciales, Carlos Damasco, de La Libertad Entre Ríos, autor; Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular; y Mauro Godein, de la Alianza Juntos por Entre Ríos, presentaron este jueves un proyecto de ley que tiene por objeto “asegurar que quienes ejercen la función pública lo hagan con plenas facultades, libres de los efectos de sustancias psicotrópicas ilegales, a fin de preservar el adecuado desempeño de sus responsabilidades, la transparencia institucional, la integridad, idoneidad y responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones”. El proyecto “establece la obligatoriedad para los funcionarios públicos mencionados en el artículo 3º de la presente ley de realizar exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios con el fin de determinar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales en el ejercicio de sus funciones. Además, se invita a los poderes del estado no enunciados, a adherirse a esta ley”. Los funcionarios mencionados en el artículo 3º como “Sujetos obligados” a la “obligatoriedad de los exámenes establecidos en la presente ley: a) Los legisladores provinciales y funcionarios del Poder Legislativo”. Promover la transparencia, responsabilidad y compromiso institucional Los legisladores consideraron que “es importante destacar que este proyecto no busca sancionar de manera punitiva, sino promover la transparencia, la responsabilidad institucional y el compromiso con una gestión pública libre de condicionamientos derivados del consumo de sustancias ilegales”. Además indicaron que “la invitación al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad, municipios y comunas a adherir a esta normativa busca extender los beneficios de la medida a todos los niveles del Estado en la provincia, fortaleciendo la confianza ciudadana en sus instituciones”. Funcionarios libres de adicciones Los legisladores fundamentaron el proyecto que “tiene como finalidad establecer la obligatoriedad de la realización de controles de detección de consumo de sustancias psicoactivas ilegales a todas las personas que integran los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, iniciando por el Poder Legislativo”. Entendieron que “la sociedad entrerriana demanda de manera creciente que quienes ejercen responsabilidades institucionales y funciones públicas lo hagan con plena aptitud física y psíquica, libres de adicciones que puedan condicionar la toma de decisiones o el ejercicio de sus funciones”. Así, expresaron que “la ejemplaridad y transparencia en la conducta de los servidores públicos constituye una exigencia ética y democrática de primer orden. La implementación de los controles de sustancias psicoactivas con vigencia anual permitirá contar con un mecanismo periódico de control, aleatorio, inmediato y no anunciado, previniendo el consumo de estupefacientes en los ámbitos de gobierno y garantizando que los funcionarios y agentes públicos se encuentren en condiciones plenas para cumplir con la responsabilidad que la ciudadanía les delega”. Comisión Evaluadora También entendieron como positivo que “a su vez, se prevé un sistema de alternancia entre los poderes del Estado para la aplicación de las pruebas, a fin de asegurar independencia, objetividad e imparcialidad en los procedimientos, evitando conflictos de interés y resguardando la credibilidad del sistema. Esto lo genera la Comisión Evaluadora, que estará integrada por un representante de cada poder”. Los legisladores señalaron que “el proyecto contempla la realización de protocolos confiables, bajo la supervisión de la autoridad sanitaria provincial, respetando la confidencialidad de las personas, la integridad de las muestras y los derechos fundamentales. En caso de resultados positivos, se establece un proceso de confirmación y posterior adopción de medidas administrativas o disciplinarias según corresponda, con más el acompañamiento del Estado para tratar esa adicción”. (APFDigital)
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