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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 02/10/2025 14:35
Dany Roberto Sarmiento permanece bajo medidas cautelares tras recibir doble indemnización por parte de la empresa minera En el centro de una investigación penal en la provincia de San Juan, Dany Roberto Sarmiento se encuentra implicado en un caso de defraudación contra Minera Andina del Sol. De acuerdo con medios locales de San Juan, la empresa realizó dos transferencias correspondientes a indemnización tras su despido, lo que provocó una cadena de medidas judiciales por la negativa del ex empleado a restituir el monto excedente. El hecho inicial ocurrió en diciembre, cuando la firma, conocida antes como Barrick, emitió una transferencia por $110.000.000 como indemnización para Sarmiento, quien se había desempeñado quince años en la compañía. Pocos días más tarde, la empresa transfirió otra vez el mismo monto debido a un error en el área contable, llevando el total percibido por el ex operario a $220.000.000. Según la reconstrucción realizada por medios sanjuaninos, ese doble pago provocó la rápida reacción del área administrativa de la empresa, que identificó el error y buscó un acuerdo privado. La compañía procuró obtener la devolución del dinero excedente, aunque no logró que Sarmiento respondiera los requerimientos formales. Según documentos judiciales citados por medios de la provincia, el conflicto escaló cuando el afectado bloqueó canales de comunicación con la firma: la empresa optó por presentar una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan en enero. La causa judicial alcanzó además a Myriam Mabel Muñoz, esposa de Sarmiento. Los investigadores detectaron movimientos bancarios que involucraron transferencias de una cuenta de Sarmiento a nombre de Muñoz por $110.000.000, la misma cifra que correspondía a la segunda transferencia errónea. De ese modo, ambos quedaron sujetos al expediente por presunta defraudación contra la minera, según información suministrada por fuentes provinciales. Guillermo Heredia, fiscal encargado de la instrucción, imputó a Sarmiento por el artículo 175, inciso 2, del Código Penal, aplicable a quienes se apropian de bienes ajenos recibidos por error o caso fortuito. La Fiscalía solicitó un embargo como medida de seguridad sobre los bienes del acusado y de su esposa, fundamentando la sospecha de maniobras para ocultar el rastro del dinero. La jueza Gloria Verónica Chicón, en calidad de jueza de Garantías, otorgó ese pedido y ordenó embargos preventivos por $140.000.000. Dicha medida recayó sobre tres vehículos pertenecientes al grupo familiar, un inmueble identificado a nombre de los acusados y la inhibición general de cuentas bancarias de ambos. Con este resguardo patrimonial, el expediente ingresó en la fase de Investigación Penal Preparatoria, establecida por nueve meses desde la resolución judicial reciente. La empresa Minera Andina del Sol detectó una transferencia duplicada y presentó la denuncia ante la Justicia sanjuanina para recuperar los fondos (Barrick Gold) Según consta en el expediente, Juliana Viscaino asumió la representación de la querella y formalizó una acusación adicional por el artículo 172 del Código Penal, que sanciona el empleo de recursos de engaño para apropiarse de bienes. Los medios de San Juan mencionan que la imputación pone en juego la posibilidad de penas que oscilan entre un mes y seis años de prisión, en consonancia con el impacto económico del hecho denunciado. Durante la audiencia de control de medidas, Sarmiento compareció acompañado de su nueva defensa, ahora a cargo del letrado Horacio Merino, en reemplazo del abogado anterior. El estado de libertad del principal imputado se mantiene; sin embargo, las medidas restrictivas impuestas incluyen la obligación de presentarse mensualmente en la comisaría de su domicilio en la provincia de San Luis, así como la prohibición de ausentarse del país sin autorización de la magistrada. Las actuaciones consignadas en la causa también aclararon los movimientos bancarios realizados por Sarmiento tras el doble depósito. Fuentes judiciales consultadas por medios locales remarcaron el posterior traslado de fondos a la cuenta de Muñoz y la falta de devolución voluntaria de la suma errónea. Esos elementos fortalecieron la posición de la Fiscalía respecto de la intención atribuida al imputado y permitieron avanzar con medidas de embargo preventivo como parte de la investigación. En paralelo, el proceso penal sumó presentaciones de la querella, que acompañó el pedido de embargo con el argumento de preservar eventuales activos destinados a una futura restitución del monto a la empresa. Según la opinión de la parte acusadora, el comportamiento del exempleado se ajusta a las figuras previstas por el Código Penal tanto para la apropiación indebida por error como para la defraudación mediante engaños, lo que configura una doble imputación. Además de las consecuencias judiciales, medios de San Juan describieron preocupaciones en el seno del directorio de la minera, dado el precedente que podría sentar el caso respecto a los controles internos y la responsabilidad de los empleados frente a transferencias bancarias erróneas de gran magnitud. A lo largo de los meses transcurridos, Sarmiento mantuvo silencio ante las solicitudes de devolución de dinero, según el reporte de las autoridades fiscales. La negativa persistente llevó a la empresa a comunicar oficialmente el incidente a la sede judicial y a requerir medidas rápidas para evitar la posible disolución de activos. La investigación, ahora bajo órbita judicial, sigue en fase preparatoria y contempla nuevas citaciones, pericias sobre movimientos bancarios y testimoniales. Los plazos establecidos por la jueza permiten a las partes presentar pruebas adicionales, ampliar cargos y defender posiciones ante la expectativa de una resolución definitiva respecto a la restitución de fondos y las eventuales responsabilidades penales. La dimensión económica de los montos involucrados, así como la participación de dos personas, llevó a la Fiscalía y a la querella a solicitar las máximas garantías patrimoniales a través del embargo y la inhibición de bienes. Como señalaron fuentes de San Juan, la decisión de la jueza Chicón de adoptar la medida con prontitud se fundó en la importancia del resguardo financiero mientras avanza la instrucción. La defensa, a cargo de Merino, cuenta con la opción de solicitar el levantamiento parcial o total del embargo en una etapa posterior, siempre que aporte pruebas favorables o acuerdos formales de pago con la empresa damnificada. Mientras tanto, la restricción sobre los bienes y las cuentas de los dos imputados se mantiene vigente. El caso abrirá después nuevas instancias procesales, incluyendo la posibilidad de una elevación a juicio oral si no se produce una restitución voluntaria de los fondos y si la empresa insiste en el avance de la causa penal. En el entorno de la minera, según remarcaron fuentes citadas por medios sanjuaninos, la expectativa radica en conseguir la recuperación integral del capital transferido por error. En el escenario penal, el plazo de nueve meses permite el seguimiento exhaustivo de los movimientos bancarios y las pericias técnicas necesarias para determinar la trazabilidad de los fondos. También permite evaluar el grado de responsabilidad de cada involucrado y la posible existencia de maniobras dolosas destinadas a dificultar la devolución del dinero. Los próximos pasos en el expediente dependen del avance de las medidas dispuestas por la Justicia, la colaboración de las partes y la eventual presentación de acuerdos extrajudiciales que queden formalizados por escrito bajo supervisión de la jueza, siempre en sintonía con lo normado por el Código Procesal Penal provincial.
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