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» Diario Cordoba
Fecha: 02/10/2025 12:47
"Uber no nos va a tomar el pelo. [...] Caerá el peso de la ley sobre esta empresa", ha afirmado este jueves la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La Inspección de Trabajo lanzará una ofensiva sobre la plataforma digital para regularizar a todos aquellos repartidores que hoy puedan ejercer como falsos autónomos. Después de lograr que Glovo renunciase a su modelo, lastrado por sanciones millonarias, y aceptara contratar a sus repartidores, ahora le toca el turno a Uber. Si bien el proceso que comienza no será ni rápido, ni de resultado cierto. “Uber Eats cumple con la normativa vigente en todos los países en los que opera. Estamos cooperando plenamente con la Inspección de Trabajo y seguiremos colaborando con el Gobierno para asegurar la estabilidad del sector a largo plazo”, se defiende un portavoz oficial de la compañía, a preguntas de este medio. Uno de los retos que hizo suyos Díaz cuando asumió la cartera de Trabajo de manos de su antecesora, Magdalena Valerio, fue proseguir y multiplicar su ofensiva contra los falsos autónomos. Y especialmente en las plataformas digitales, donde tanto los sindicatos como algunas empresas del sector veían con inquietud el auge de modelos laborales que no pasaban por un contrato laboral, sino mercantil. Una base que dejaba a las centrales fuera de juego y a las corporaciones que no participaban de ello con una competencia con menos responsabilidades y costes. La vicepresidenta segunda señaló a Glovo, la principal operadora de las empresas de reparto de comida a domicilio y los inspectores -con una sentencia del Tribunal Supremo a favor- pasaron a revisar los datos de decenas de miles de repartidores de toda España. Una unidad especializada de la Inspección, con más de 100 efectivos exclusivamente dedicados a ello, se puso manos a la obra. Y, tras años de pesquisas, las sanciones sobre la empresa de las mochilas amarillas fueron llegando. Hoy Glovo tiene presupuestados hasta 700 millones de euros en potenciales multas, si lo tribunales no el dan la razón y ello fue uno de los principales motivos, reconocido por el propio consejero delegado de la compañía, para acatar la 'ley Rider', dejar de operar con autónomos y pasar a contratar a sus flotas. Batido Glovo, le toca ahora el turno a Uber, que en opinión de la vicepresidenta "presuntamente se encuentra al margen de la ley". Y "en España las leyes se cumplen", ha enfatizado. La 'policía laboral' ya ha ido censurando el modelo laboral de la empresa de las mochilas verdes, si bien hasta ahora las sanciones han sido pocas y aisaldas. EL PERIÓDICO adelantó la primera acta infractora que los inspectores impusieron a Uber en Barcelona: 800.000 euros a pagar por emplear a 1.400 falsos autónomos. Ahora la 'policía laboral' tiene en esta empresa uno de sus principales objetivos, si bien nuevas sanciones pueden tardar años en llegar a materializarse, debido a la complejidad de las pesquisas, la dispersión de los repartidores y su gran número. Historia de una 'traición' Díaz ha acusado este jueves en público a Uber de vulnerar una ley -la conocida como 'ley Rider'- que en su día fue pionera en cumplir. En agosto de 2021 entró en vigor la obligación para las empresas de reparto a domicilio de contratar como asalariados a sus repartidores. Y los, en su momento, principales actores del sector decidieron actuar de formas distintas. Glovo continuó con su modelo de falsos autónomos, introduciendo cambios cosméticos que ha tumbado posteriormente la Inspección. Deliveroo vio que le subían mucho los costes si cumplia la ley y abandonó el país. Y Uber decidió dejar de emplear autónomos y se pasó a flotas de subcontratados. Un modelo que no gustó en Trabajo, pero que cumple con la legalidad. No obstante, Uber vio como Glovo seguía operando con autónomos, lo que le confería más flexibilidad y menores costes, y eso le concedía ventaja respeto a su operativa. Primero fue a los juzgados y les denunció por competencia desleal, si bien no le aceptaron la denuncia. Luego hizo pública una carta dirigida al Ministerio de Trabajo en la que recriminaba la falta de diligencia del mismo para hacer cumplir la ley que ellos sí habían acatado. "¿Debemos seguir el ejemplo de Glovo y trabajar con autónomos para poder competir en igualdad de condiciones?", le preguntó la directora general de Uber Eats en España, Courtney Tims, a la vicepresidenta segunda. No le tembló el pulso a la multinacional y al ver que la Inspección, por el momento, no lograba doblegar a Glovo, cumplió su amenaza y en septiembre de 2022 volvió a repartir con autónomos. Glovo cedió, acosado su consejero delegado, Óscar Pierre, tanto por las presiones de sus accionistas alemanes, como por la investigación judicial que tiene abierta en Barcelona y que, en el peor de los escenarios para él, podría llevarle a la cárcel por un delito contra los trabajadores. Investigación que, pese al cambio de rumbo de la empresa, sigue adelante y que la semana que viene tiene previstas comparecencias en sede judicial. Tras Glovo, es el turno ahora de Uber. La multinacional hasta ahora sigue operando con un modelo mixto, que combina esos autónomos que Díaz ve como falsos y flotas subcontratadas. "En España, nuestro modelo híbrido ofrece a los repartidores la libertad de elegir entre trabajar como empleados asalariados, contratados por una de nuestras flotas asociadas, o como autónomos utilizando una herramienta que garantiza plena autonomía, incluida la posibilidad de fijar sus propias tarifas o de aceptar y rechazar pedidos cuando lo deseen", afirman desde Uber. La Inspección de Trabajo determinará ahora si, como determinó con Glovo, está cometiendo un fraude masivo y millonario al erario público.
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