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La Paz » Politica con vos
Fecha: 29/09/2025 19:20
Un documento judicial de Texas incorporado recientemente pone en tensión a José Luis Espert y al gobierno de Javier Milei: registra una transferencia de US$ 200.000 con fecha 1 de febrero de 2020, a nombre del diputado, proveniente de un fideicomiso ligado al empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. La denuncia ya está en la Justicia argentina y si bien Espert afirma que “está todo aclarado”, los hechos constituyen elementos que exigen respuestas claras del oficialismo. Qué se descubrió Un registro contable incluido en el expediente texano contra Machado y su socia estadounidense, Debra Lynn Mercer-Erwin (condenada a 16 años de prisión por fraude, tráfico de cocaína y lavado) señala un “wire out” (transferencia electrónica) de US$ 200.000 a nombre de José Luis Espert, fechada el 1 de febrero de 2020. Este registro forma parte de un “ledger” del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp. en Onalaska, Texas, que detalla ingresos y egresos. En Argentina, la denuncia fue presentada ante la Justicia penal federal (San Isidro) solicitando investigar si esto constituye lavado de activos o ingreso no declarado, así como otras posibles infracciones vinculadas a la campaña electoral de Espert de 2019. Contexto previo a los vínculos con. Fred Machado Federico Andrés “Fred” Machado, empresario rionegrino, está detenido desde abril de 2021 en Neuquén, solicitado en extradición por la Justicia de Estados Unidos (Distrito Este de Texas) por delitos que incluyen narcotráfico, lavado de dinero, fraude de aviación, esquemas Ponzi y contrabando de aeronaves. Ya en 2019, Machado habría colaborado con Espert aportando aviones, vehículos y logística para su campaña presidencial, aunque no todos los aportes figuran formalmente declarados. Respuesta de Espert y postura del gobierno Espert ha repetido que las acusaciones son “operaciones políticas”, que “todo está aclarado” y que se le quieren asignar responsabilidades sin pruebas confiables públicamente verificadas. Hasta el momento, no se ha visto una explicación documentada que detalle el origen de ese dinero, el uso que se le dio, si fue declarado ante organismos fiscales o electorales, ni una rendición pública de cuentas que coincida con el registro revelado por EE.UU. Responsabilidad política y el rol de Milei y su gobierno El silencio o la reacción defensiva del oficialismo frente a estos señalamientos abren dudas sobre los estándares éticos en la coalición de gobierno. Si un miembro del mismo espacio que gobierna puede estar implicado en investigaciones internacionales de lavado/narcotráfico, ¿cómo garantiza el Estado la transparencia institucional? Los discursos de “mano dura” contra el narcotráfico pierden credibilidad si quienes los emplean no están dispuesto a someterse también al escrutinio judicial y político. Además, hay un riesgo de que estos casos se usen como herramientas de polarización política, en lugar de abordarse con seriedad institucional. Qué falta esclarecer (y lo que debería hacerse) Verificar la trazabilidad de la transferencia: de qué cuenta salió el dinero, bajo qué concepto fue recibido por Espert (aporte, préstamo, servicio, etc.), si se declaró ante la Justicia Electoral o la AFIP. Determinar si existen otras transferencias similares u otros movimientos financieros vinculados al entorno de Machado que beneficien a Espert o a su espacio político. Que la Justicia argentina actúe con independencia, revisando las pruebas del expediente de Texas, quizá solicitando cooperación legal internacional, y que Ministerio Público y Poder Judicial no permitan que el caso se diluya en explicaciones mediáticas. Que el gobierno de Milei aclare su línea ética: si hay sospechas fundadas, asumir que la transparencia pública incluye investigar también dentro de los propios. La transferencia de US$ 200.000 detectada en registros judiciales estadounidenses representa más que un dato aislado. Esta transferencia es un indicio concreto que pone en serio cuestionamiento la narrativa de “todo aclarado” de parte de José Luis Espert. No se trata sólo de alegatos políticos, sino de responsabilidades legales, institucionales y democráticas. Si el gobierno de Javier Milei aspira a renovar su legitimidad, no sólo debe reclamar mano dura contra el narcotráfico, sino también demostrar que la misma firmeza vale para quienes están en su espacio político cuando aparecen bajo sospecha.
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