26/09/2025 16:47
26/09/2025 16:46
26/09/2025 16:46
26/09/2025 16:45
26/09/2025 16:45
26/09/2025 16:45
26/09/2025 16:45
26/09/2025 16:44
26/09/2025 16:44
26/09/2025 16:44
La Paz » Politica con vos
Fecha: 26/09/2025 14:30
En una reciente entrevista con Gustavo Silvestre por C5N, Martín Guzmán aseguró que la iniciativa del gobierno de Donald Trump de otorgarle un préstamo al de Javier Milei no es un respaldo neutro, sino un acto cargado de intencionalidad política. Según el exministro de Economía, ese financiamiento sería “explícito para la campaña electoral” del oficialismo argentino. Contexto del préstamo / swap anunciado La operación que se está discutiendo es del orden de USD 20.000 millones bajo la forma de swap de moneda con el Tesoro estadounidense. Este tipo de instrumentos -swaps, compras de deuda, o créditos stand-by- no necesariamente requieren trámite legislativo, dependiendo de su naturaleza. Aun así, la opacidad de las condiciones, el monto involucrado y el momento en que surge el ofrecimiento han encendido alarmas en la oposición y en diversos sectores del ámbito económico y político argentino. Los argumentos de Guzmán Intencionalidad política Guzmán afirma que más allá de las necesidades económicas de Argentina, esta ayuda sirve para darle al gobierno de Milei un sostén financiero que mejore su posición electoral: “para sostener la estabilidad cambiaria y que le vaya mejor al oficialismo en las elecciones” dijo. Según él, es contradictorio que un país que necesita tanto control sobre sus finanzas dependa de un préstamo externo justo en campaña. Endeudamiento sin desarrollo Guzmán advierte que este tipo de asistencia no genera inversión productiva, empleo ni crecimiento, sino que simplemente sirve para cubrir obligaciones del Estado y perpetuar un modelo económico que – según su análisis – está agotado. En otras palabras: deuda que se renueva, no deuda que se invierte. Riesgo de chantaje político-económico Una de las imágenes que utiliza es la del “chantaje”: si Argentina depende de ese financiamiento, Guzmán sostiene que se abre la puerta a que Estados Unidos —o actores con esos recursos— puedan condicionar decisiones soberanas, económicas o políticas. Ausencia de transparencia y control parlamentario Guzmán y otros críticos insisten en que si el acuerdo se concreta, debería tener controles institucionales rigurosos: que pase por el Congreso, que se conozcan las cláusulas, los plazos, las garantías, etc. En ese sentido, apuntan que no puede hacerse “a espalda” de la ciudadanía ni de los poderes institucionales. Críticas y puntos de debate ¿Es efectivamente “financiamiento electoral”? Que un préstamo se use en un período de campaña no implica necesariamente que su objetivo sea exclusivamente político. Hay que ver destino de fondos, condiciones, plazos, mecanismos de fiscalización. Naturaleza técnica vs política Algunos defienden que un swap puede entenderse como un instrumento técnico financiero entre bancos centrales o tesoros que no tiene por qué tener fines electorales — aunque el momento y el contexto le dan un fuerte sesgo político. Dependencia externa y soberanía Las críticas a la soberanía y la autonomía económica frente a influencias extranjeras son recurrentes en economías emergentes. El argumento de Guzmán retoma esa línea: no es solo cuánto se toma, sino bajo qué condiciones y con qué contrapartes de poder. Condicionalidades ocultas / cláusulas atadas Un riesgo típico en este tipo de acuerdos es que haya cláusulas de ajuste, condicionamientos o exigencias que limiten la capacidad de política económica futura de Argentina. El planteo de Martín Guzmán no es meramente retórico: pone en el centro de la discusión institucional el marcado contraste entre los instrumentos de política económica y los posibles usos políticos de esos instrumentos. Si el préstamo —swap o crédito— termina aprobado o ejecutado, será clave ver: qué porcentaje se usa para gasto corriente o deuda (y no para inversión productiva), qué garantías o condiciones impone EE. UU., cómo se articula con el presupuesto nacional, y qué mecanismos de fiscalización y control estarán involucrados. En definitiva, la acusación de “financiamiento explícito para la campaña electoral” funciona como una advertencia política: no basta con discutir si el país necesita dólares, sino quién los da, cómo y a qué precio en términos de autonomía institucional.
Ver noticia original