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  • Jueza riograndense abordó cuestiones de “sharenting”

    Usuhahia » Diario Prensa

    Fecha: 23/09/2025 19:25

    La titular del Juzgado de Familia y Minoridad Nro. 2, Marina Montero, se expidió de modo contundente en torno a un menor vulnerado por su madre. La innovadora resolución se inscribe en una serie de medidas que buscan resguardar la privacidad, la dignidad y la identidad digital de los menores frente al proceder nocivo en las redes, por parte de quienes deberían cuidarlos. La justicia argentina está comenzando a abordar la protección de la “identidad digital” de los menores. En un reciente fallo del Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2 del Distrito Judicial Norte, la jueza Marina Montero ordenó a una madre dejar de hacer publicaciones ofensivas e insultantes hacia su ex pareja, con quien tiene un hijo en común. El caso surgió a raíz de publicaciones en Instagram y estados de WhatsApp que contenían expresiones agraviantes hacia el padre del menor. La magistrada destacó que el niño, al tener acceso a estos contenidos, sufría un daño emocional directo. Sus compañeros de escuela también habían accedido a dichos posteos, realizándole comentarios hirientes y en algunos casos burlones. La resolución pone el foco en la necesidad de que los adultos resguarden la intimidad y la dignidad digital de los niños, recordando que los procesos judiciales de familia son reservados y que la exposición en redes puede generar un daño duradero. La jueza citó normas nacionales e internacionales, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y artículos del Código Civil y Comercial, que priorizan el interés superior del menor. Este caso no es aislado. En Tucumán, este año, tribunales de Monteros y de la ciudad resolvieron medidas cautelares similares frente a padres que difundían imágenes de sus hijos sin consentimiento, advirtiendo sobre los riesgos de la exposición digital. También en Rosario, en 2022, se ordenó a un padre y familiares eliminar fotos y videos de una niña de redes sociales por vulnerar su privacidad y bienestar emocional. El fenómeno detrás de estas resoluciones recibe un nombre específico: sharenting, un término en inglés que combina “share”, que significa compartir y “parenting”, crianza. Se refiere a la publicación de contenidos sobre niños por parte de sus padres o tutores en redes sociales. El sharenting clásico implica compartir fotos de cumpleaños, logros escolares o actividades cotidianas, generalmente con intención positiva. Sin embargo, cuando se difunden conflictos familiares, comentarios ofensivos o información sensible, puede considerarse sharenting conflictivo, dañando directamente la identidad digital y la dignidad digital del menor. Expertos legales y pedagogos advierten que estas publicaciones pueden estigmatizar, revictimizar y dejar una huella permanente en la vida digital de los niños. La jurisprudencia argentina evidencia una tendencia creciente a limitar la exposición de menores en entornos digitales, reconociendo que el derecho a la intimidad y la construcción de la identidad digital deben protegerse desde la infancia. Con estos fallos, la justicia busca educar y generar conciencia: los menores no son propiedad digital de los adultos, y la responsabilidad de cuidar su presencia en Internet recae principalmente en los padres y tutores. Daños ocasionados por “sharenting”: 1. Exposición innecesaria: la información, fotos, audios y videos quedan en Internet de manera permanente. 2. Riesgo para la privacidad: cualquiera podría acceder o usar esos datos. 3. Impacto emocional: los niños pueden sentirse avergonzados, revictimizados o estigmatizados, especialmente si se trata de conflictos familiares. 4. Construcción de identidad digital: la imagen del menor queda “definida” por lo que otros publican, sin que él pueda decidir. ¿Qué hacer? La Justicia argentina ha comenzado reciéntemente a adecuarse a los tiempos que corren y, tal como ocurrió con la jueza riograndense, está interviniendo de manera directa ante el sharenting. Ante la vulneración de los derechos del niño, los magistrados están imponiendo límites a los padres sobre lo que pueden publicar, bajo pena de pagar abultadas multas, perder la tenencia y pasar algunas horas o días en la cárcel, inclusive.

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