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La Paz » Politica con vos
Fecha: 23/09/2025 09:41
Una fuerte controversia política sacude al Gobierno nacional. El bloque Encuentro Federal presentó este lunes una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusándolo de desconocer la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. La norma fue sancionada por el Congreso, pero su aplicación quedó diferida por el Poder Ejecutivo, alegando falta de financiamiento. ¿De qué se trata la ley avalada por el Congreso? La ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad, estableciendo obligaciones claras al Estado para asignar o reasignar partidas presupuestarias que permitan su cumplimiento. El Congreso ya había votado favorablemente su aprobación. Sin embargo, tras su promulgación mediante el Decreto 681/25, el mismo decreto dispone que sus efectos quedan suspendidos, es decir que la implementación queda supeditada a que se incluyan los recursos necesarios en el Proyecto de Presupuesto 2026. ¿En qué se apoya la moción de censura? Se acusa a Francos de violar la Constitución al condicionar la vigencia de una ley ya aprobada por el Congreso. Según la oposición, el Ejecutivo no puede “inventar procedimientos” para postergar obligaciones legales. Diputados del bloque Encuentro Federal (que preside Miguel Ángel Pichetto) -entre ellos Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón- acompañan la iniciativa. También se suman críticas desde la Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro sostuvo que el decreto que suspende la ley incurre en “nulidad absoluta”. Consecuencias institucionales y constitucionales Si la moción prospera, se podría remover a Francos de su cargo como jefe de Gabinete. La Constitución Nacional prevé que para ello basta con la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara legislativa, dado que las acusaciones están fundadas en presuntos incumplimientos legales. Desde la oposición se advierte que no se trata solo de un conflicto político, sino de una señal institucional: “El Gobierno rompió el Estado de derecho”, dijo Oscar Agost Carreño. Argumentos del Ejecutivo Desde el gobierno, mientras tanto, la postura oficial se basa en que la suspensión de la ley está justificada por la necesidad de asegurar los fondos, con la promesa de su inclusión en el presupuesto de 2026. Se plantea que sin financiamiento asignado no se puede llevar adelante la aplicación práctica, aunque los críticos afirman que esa condición ya fue contemplada en la ley y que el Ejecutivo no tiene potestad para posponer obligaciones vinculadas. Lo que está en juego El episodio pone sobre la mesa varios temas de fondo: el respeto al principio de separación de poderes, la implementación efectiva de leyes votadas por el Congreso, las responsabilidades del Poder Ejecutivo cuando promulga normas que luego suspende o posterga su cumplimiento por razones presupuestarias y, en el plano político, la posibilidad real de que se genere una crisis institucional si la moción de censura avanza.
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