22/09/2025 20:24
22/09/2025 20:24
22/09/2025 20:24
22/09/2025 20:23
22/09/2025 20:23
22/09/2025 20:22
22/09/2025 20:22
22/09/2025 20:21
22/09/2025 20:21
22/09/2025 20:21
» Comercio y Justicia
Fecha: 22/09/2025 18:35
COLUMNA DE JUSCOM Por María Virginia Fourcade (*) Hablemos de redes sociales y funcionarios judiciales. Es común encontrar en Instagram, Facebook o TikTok publicaciones que caminan por una peligrosa cornisa entre lo espontáneo y lo ridículo. Contenidos imprudentes que refuerzan el estereotipo del empleado público privilegiado, corrupto, vago o acomodado (aunque no sea nada de esas cosas). Además, ante estas manifestaciones, y dado que sus remuneraciones dependen de la contribución de la ciudadanía, no es extraño encontrar comentarios de usuarios que expresan lisa y llanamente: “No me dan ganas de pagarle el sueldo a este tipo”. Duele leerlo; pero, lamentablemente, la expresión condensa un problema central: quienes ejercen funciones públicas, especialmente en el Poder Judicial, no pueden olvidar que la legitimidad de su rol depende de la confianza de la ciudadanía. La comunicación judicial es transversal y se expresa también en la conducta individual de magistrados, funcionarios y empleados. Cada gesto, palabra o acción, impacta en la percepción que la ciudadanía tiene de la Justicia. Incluso, el modo en que se muestran en su vida cotidiana, también digital, proyecta un mensaje institucional. Lo que postea una persona puede erosionar o reforzar la confianza pública. Esa función de comunicar no solo está en el área de prensa, sino en la coherencia entre lo que se predica y lo que se muestra. Es una práctica viva que también incluye el “yo digital” de cada miembro de la organización. El espejismo de lo “privado” en redes. Aunque un funcionario o magistrado diga “mi Instagram es privado”, el riesgo de captura, reenvío o filtración siempre existe. En esta dimensión personal cada gesto y conducta es ya comunicación institucional. Trasladado a redes, significa que lo “personal” tiene vocación de hacerse público. Si un contacto lo comparte, lo privado deja de existir. Ahí se genera la tensión. El Código Iberoamericano de Ética Judicial reconoce que los magistrados, como cualquier persona, tienen derecho a la libertad de expresión. Pero establece criterios de prudencia y mesura, porque su legitimidad descansa en la confianza ciudadana en su imparcialidad y seriedad. No se trata de censura, sino de coherencia con el rol público. El juez que opina, bromea o se expone en redes lo hace “con la toga puesta”, aunque esté “en chanclas” en su casa. El código exige prudencia en lo que se comparte, comenta o difunde, porque cualquier manifestación digital se integra al juicio público sobre la integridad del magistrado. No es que no se pueda actuar en redes, solo hay que recordar que la ciudadanía observa y juzga también esas escenas. Personas humanas, no estatuas de mármol. Esto no significa que los jueces y funcionarios deban ser estatuas de mármol. No se pide solemnidad total ni vida monástica. Es más, la sociedad necesita verlos como personas humanas. Pueden ser músicos, actores o deportistas en sus tiempos libres. Mostrar esas facetas puede acercar, humanizar y desarmar el estereotipo del juez lejano, frío e inaccesible. Pero cada posteo en redes es también un “examen de legitimidad”. La clave está en el equilibrio. La ciudadanía espera coherencia entre ambas dimensiones. Decálogo para el autocuidado digital. Propongo algunas preguntas simples que funcionan como lista de control antes de publicar en redes sociales. 1. ¿Qué necesidad? ¿Estoy compartiendo por impulso, aburrimiento o ego, o porque realmente aporta algo? 2. ¿Se vería bien en la tapa de un diario? Si mañana lo levantan medios, ¿cómo impactaría en mi imagen y en la de mi institución? 3. ¿Construye confianza? ¿Fortalece mi rol o abre la puerta al ridículo? 4. ¿Es coherente con mi función pública? ¿Lo que muestro es compatible con la imparcialidad, seriedad y respeto que se espera de mí? ¿Estoy adelantando posturas? 5. ¿Respeta la dignidad ajena? ¿Alguien podría sentirse ofendido, ridiculizado o discriminado con este contenido? 6. ¿Podría usarse en mi contra? ¿Sería munición fácil para descalificarme profesionalmente o cuestionar la institución? 7. ¿Aporta humanidad o banaliza mi rol? Mostrar hobbies, música o deporte puede acercar; pero ridiculizar la función, aleja. 8. ¿Mantiene límites claros entre lo personal y lo institucional? ¿Estoy usando símbolos, lenguaje o espacios de mi cargo en un contexto inapropiado? 9. ¿Lo compartiría con orgullo en una reunión de trabajo? Si me incomoda imaginarlo ahí, probablemente no debería publicarlo. 10. ¿Me gustaría que la ciudadanía lo vea? ¿Estoy ostentando lujos en un contexto de carencia o crisis económica? El objetivo no es coartar la expresión personal ni negar que los funcionarios judiciales son personas humanas con hobbies, pasiones y vida social. La clave está en el equilibrio. Cada publicación es también un acto de responsabilidad social, es honrar el compromiso de servir a la sociedad. (*) Máster en dirección de comunicación. Abogada. Licenciada en comunicación institucional. Vocal de la CD de JusCom.
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por