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» Elterritorio
Fecha: 20/09/2025 01:01
La denuncia señala incumplimiento de deberes y abuso de autoridad; expertos advierten que los plazos legales ya vencieron viernes 19 de septiembre de 2025 | 16:00hs. La denuncia apunta al incumplimiento de plazos legales y al impacto directo sobre las personas con discapacidad. El juez Sebastián Casanello investigará al presidente Javier Milei por la demora en implementar la ley de emergencia en discapacidad, luego de una denuncia que apunta a abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa quedó asignada por sorteo al Juzgado Federal 11 y se registró bajo el número CFP 4003/2025. Además del mandatario, la denuncia alcanza a María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación, y a Walter Rubén González, director del Registro Oficial. La presentación fue realizada por los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein. El escrito sostiene que una ley alcanza plena vigencia tras su promulgación y publicación en el Boletín Oficial. En este caso, el Senado notificó al Ejecutivo sobre la insistencia en el proyecto el 4 de septiembre, por lo que, según los denunciantes, los plazos legales para su implementación ya habrían vencido. La denuncia subraya que la promulgación debería haberse realizado de inmediato ante la insistencia del Congreso. Los denunciantes remarcan que las etapas de sanción y observación por parte del Poder Ejecutivo se cumplieron, por lo que el único deber pendiente era implementar la ley de manera inmediata, sin obstaculizar lo que el Congreso votó en cuatro oportunidades. En cambio, la norma permanece sin aplicación práctica, lo que en la denuncia se interpreta como una “letra muerta” debido a la falta de acción del Gobierno. El caso se vuelve más crítico por el financiamiento. Para que se actualicen los aranceles vinculados a la inflación, el jefe de Gabinete debe firmar la compensación presupuestaria para la ANDIS, sin la cual la agencia no puede ajustar los valores de prestaciones como terapias, transporte y talleres del plan Incluir Salud, que podrían acumular hasta un 80% de actualización pendiente. La denuncia no solo invoca incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, sino que también deja abierta la posibilidad de incorporar la figura de abandono de persona, debido a la demora que afecta directamente a personas con discapacidad que requieren atención urgente.
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