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» El Ciudadano
Fecha: 18/09/2025 03:55
Waldo Alexis Bilbao, el presunto narcocriminal detenido la semana pasada en la ciudad de Rosario luego de permanecer prófugo casi dos años y quien está acusado de integrar una organización que traficaba drogas en avionetas desde Bolivia hasta el sur de Santa Fe, fue indagado el lunes pasado por el titular del Juzgado Federal N°3, Carlos Vera Barros, en el marco de una causa en la que intervienen la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la delegación NEA de esa oficina especializada. Durante la audiencia, Bilbao declaró y negó la imputación. Todas las partes se conectaron a través la plataforma Zoom, incluido el acusado desde su lugar de detención, la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero. El imputado fue detenido el viernes pasado en un complejo de departamentos sociales ubicado en el céntrico barrio Martin de Rosario. Si bien intentó huir por un ducto con cañerías, el grupo táctico policial que realizó la irrupción logró encontrarlo y reducirlo cuando iniciaba la fuga. Bilbao era uno de los prófugos más buscados por la provincia y para dar con su paradero, el gobierno de Santa Fe ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos. La causa en la que está imputado se inició el 28 de octubre de 2023 cuando el escuadrón “Operaciones Antidrogas” de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) allanó un hangar ubicado en el club de campo y golf “Campo Timbó” (kilómetro 354 de la Ruta 11, localidad de Oliveros), donde fueron detenidos dos pilotos y dos personas que los recibieron. Previo a ello, los trabajos de inteligencia sobre el grupo habían comenzado el 24 de agosto de 2020. Ese día, y tras una persecución policial, se accidentaron y murieron dos personas que iban a bordo de una camioneta que supuestamente iba a buscar droga arrojada desde una avioneta en un campo cercano a la localidad de Cañada de Gómez. De uno de los teléfonos de las víctimas se pudo extraer información que luego sirvió para profundizar la pesquisa. La imputación del MPF En representación del Ministerio Público Fiscal, de la indagatoria participó el fiscal Santiago Alberdi, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. En tanto, durante la investigación, también intervino el auxiliar fiscal Santiago Iglesias de la Procunar. Alberdi detalló los hechos atribuidos a Bilbao, como haber formado parte de una asociación criminal que habría operado, al menos, desde abril de 2019 hasta la actualidad, integrada por su hermano Brian Bilbao -aún prófugo- en calidad de jefe u organizador. Además, citó a los 23 integrantes, todos en calidad de miembros y ya procesados, vinculados a las actividades de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en sus diferentes etapas (introducción al país, guarda, transporte y distribución), para lo cual utilizarían aeronaves ligeras para el traslado por rutas no autorizadas, y lugares clandestinos para el aterrizaje. Otro eslabón clave de la estructura es Pablo Javier Raynaud, detenido el 14 de julio pasado en el barrio porteño de Belgrano y vinculado a los campos donde se registraron aterrizajes de avionetas con estupefacientes. Disponibilidad de avionetas y pistas clandestinas En concreto, se le atribuyó a Bilbao el contrabando de importación de cocaína en una cantidad aún no especificada que se habría llevado a cabo entre el 28 y el 29 de octubre de 2023 desde el Estado Plurinacional de Bolivia por lugares no habilitados, valiéndose de una aeronave con matrícula LV-CLE tripulada por Juan Manuel Gómez Orrego y Wilmer David Bolívar Cano, los pilotos detenidos en Campo Timbó. El fiscal Alberdi recordó que la aeronave despegó desde la pista ubicada en el club Campo Timbó, se dirigió con rumbo norte y al día siguiente, alrededor de las 14, regresó al mismo lugar. Según explicó, sus tripulantes fueron recibidos por Santiago Arbelaez Zapata y José David Hurtado Osorio, que introdujeron la avioneta en un hangar. Luego fueron detenidos mientras limpiaban la aeronave con productos químicos y una aspiradora. En esa ocasión, se utilizó un perro detector de narcóticos que reaccionó al detectar olor residual a estupefacientes en distintos lugares de la aeronave, como ser, la cabina de mando, una salida de aire, marco de la puerta del acompañante delantero, en un bolso negro y en un par de guantes. Además, la pericia química efectuada con relación a la aspiradora arrojó como resultado la existencia de partículas y vestigios de cocaína, al igual que del levantamiento de micropartículas del interior de la avioneta. También a Bilbao se le atribuyó haber utilizado la aeronave con matrícula LV-ISP para el contrabando de estupefacientes incautada en el marco del procedimiento realizado el 31 de octubre de 2023 en el interior del campo ubicado en la localidad santafesina de Carrizales, vinculado a Raynaud, donde también se secuestró un automotor. En este caso, otro perro también detectó olor residual a estupefacientes en la parte trasera del conductor y el sector izquierdo de la caja del vehículo, y luego se encontraron micropartículas compatibles con cocaína. Idéntico resultado arrojó un registro sobre ocho frazadas halladas en una habitación de la propiedad allanada. Diversidad de inversiones para el blanqueo El Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló también los presuntos delitos económicos de la organización criminal a través del blanqueo de activos de origen ilícito con el fin de integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haberlos obtenidos lícitamente, y así mantener el funcionamiento de la empresa criminal. En esta fase de la investigación participó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco. Para ese objetivo, según la fiscalía, el reparto funcional de sus miembros sería el siguiente: Brian Walter Bilbao, alias “el Negro” o “Paturuzec”, tendría un rol preponderante frente a los demás, quienes le rendirían cuenta de su actualización, y es quien organiza en mayor medida las operaciones de tráfico ilícito de estupefacientes y de lavado de activos de origen ilícito. A Reynaud, le atribuyeron poner a disposición de la organización los medios materiales necesarios para el desarrollo los fines criminales, al aportar sitios donde desplegar las maniobras y mediar en la adquisición de aeronaves y del instrumental necesario para su utilización. Siempre según la acusación, los imputados Blas Santos, Maximiliano Javier Martínez, Mariano Miguel Zuviría y Ángel Ramon Narvay estarían abocados a la manipulación y transporte de estupefacientes, monitoreo de rutas y caminos alternativos para evadir controles policiales y coordinar la recepción de los cargamentos, así como actuar de prestanombres y/o administradores de los bienes de Brian Bilbao, e integrar distintas sociedades que estarían bajo su control. Idéntica situación se habría verificado respecto de Javier Cacciagioni, Mauricio Aranda, Hernán Morales, German Urán y Dario Claudio Di Mare. A este último y Waldo Bilbao, con Yoel Denis Aragon, Paola Vanesa Acuña, Mariana Rita Martínez, Guadalupe Torres Servín y Lorena Luz Micaela González, la fiscalía los acusa de haber administrado bienes de origen ilícito propiedad de Brian Bilbao y su grupo familiar. Por su parte, a Juan Alberto Tomas Clerici y Juan Manuel Gómez Orrego, les imputaron oficiar de pilotos de las aeronaves utilizadas para el ingreso de droga al país, con asistencia de Santiago Arbelaez Zapata, David Urtado Osorno, Wilmer Bolivar Cano y Julián David Correa Posso, quienes luego presuntamente trasladaban los estupefacientes a los lugares de almacenamiento y comercialización. Sobre los bienes y actividad financiera de Waldo Bilbao, se verificó que en 2019 habría adquirido 2.500 dólares (al cambio oficial del momento 131.875 pesos). Además, entre ese año y 2022 administró tres vehículos -un Renault Sandero Stepway, un Peugeot 206 y un Chevrolet Prisma Joy-, adquiridos por otras personas y todos autorizados a ser conducidos por él. Finalmente, el fiscal remarcó que las imputaciones se sustentan en los informes de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) sobre operaciones de cambio y compra venta de moneda extranjera, de la Inspección General de Personas Jurídicas, de la Administración Provincial de Inmuebles de Santa Fe, cédulas de autorizaciones de manejo de vehículos, informes de aseguradores y entidades bancarias, pólizas de seguros automotor, informes de cuentas y acreditaciones bancarias, y del Colegio de Escribanos de Rosario.
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