17/09/2025 18:44
17/09/2025 18:43
17/09/2025 18:43
17/09/2025 18:42
17/09/2025 18:42
17/09/2025 18:42
17/09/2025 18:41
17/09/2025 18:41
17/09/2025 18:40
17/09/2025 18:40
Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 17/09/2025 14:30
Sobre el camarista pesaba una alerta de Missing Children por material de abuso sexual infantil detectado en su cuenta de Google. Andrés Leonelli aseguró que tiene “una lista” de personas a las que demandará porque según él, lo perjudicaron; dijo que llegó a considerar alejarse de su cargo y se mostró como víctima de una interna en el Poder Judicial fueguino. El viernes pasado, la jueza María Cristina Barrionuevo concluyó que los hechos en los que estuvo involucrado no constituyen delito. Integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, juez Andrés Leonelli: «Si puedo demostrar, como creo, que hay gente capaz de manipular a la Justicia, voy a denunciarla». El camarista penal Andrés Leonelli habló públicamente por primera vez desde que fue investigado por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, en un expediente que tuvo como conclusión que no existió delito. A cuatro días de que la jueza de Instrucción N° 2, María Cristina Barrionuevo, dispusiera el archivo de la causa, el magistrado accedió a hablar con algunos medios de prensa para cuestionar duramente el procedimiento judicial, denunciar irregularidades y anticipar acciones legales contra quienes, según dijo, “agraviaron mi honor y la tranquilidad de mi familia”. La investigación se había iniciado a partir de un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que alertó a Google por la detección de imágenes vinculadas a abuso sexual infantil en una cuenta asociada al juez. Ese aviso derivó en allanamientos simultáneos en su domicilio y en su despacho, donde se secuestraron celulares, discos duros y otros dispositivos, mientras que en la causa se analizaron más de 134.000 imágenes y 943 videos. El informe determinó finalmente que el material cuestionado correspondía a 62 archivos JPG alojados en un respaldo masivo de documentación judicial cargado por el camarista, en su Google Drive en abril de 2025. Según el perito Matías Taborda, las descargas ocurrieron de forma automática al desencriptar un archivo vinculado a un caso de 2016 tramitado por Leonelli cuando era juez de instrucción en Río Grande. El entrevistado indicó estar especialmente dolido por el allanamiento que se efectuó en su domicilio particular, además del que se dispuso en su oficina de la Cámara de Apelaciones: “Esta causa se sobredimensionó desde el inicio cuando pudo haberse esclarecido con un simple oficio. No había necesidad de allanar mi domicilio ni mi despacho. Fue una medida para suplir una falta de diligencia inicial. Vulneró la proporcionalidad y la necesidad. Cuando uno allana debe tener indicios que corroboren una probabilidad delictiva y en este caso no estaba dada. Si la jueza quería saber de dónde provenían las imágenes y no concluir que soy un pedófilo, lo primero que debió hacer es preguntarle al Juzgado de Río Grande si esas imágenes pertenecían a una causa”, afirmó de modo crítico hacia la jueza María Cristina Barrionuevo, quien ordenó los allanamientos. Y al referirse puntualmente al material detectado por Missing Children, explicó que el mismo provenía de un expediente judicial en el que intervino como juez de instrucción en Río Grande, hace 9 años. El camarista describió lo que consideró una serie de irregularidades concatenadas. En primer lugar, cuestionó fallas en la cadena de custodia y secuestros que consideró innecesarios. Como ejemplo, mencionó una mini-Mac perteneciente a su esposa, psico-oncóloga, que contenía historias clínicas de pacientes y que fue devuelta tres meses después. “Me siento más afectado por lo que le hicieron a mi familia que por lo que me hicieron a mí”, subrayó. Aunque lo hizo de manera velada y sin aportar nombres, Andrés Leonelli afirmó ser víctima de una “operación”, en la que la política, las vanidades personales y las mediciones de poder, no habrían estado exentas. Sin nombrarlo expresamente, aludió a un integrante del Superior Tribunal de Justicia – podría ser el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Loffler – al sostener que le llegaron versiones que indicaban que la jueza designada para realizar la etapa de instrucción, María Cristina Barrionuevo, se había comunicado con un miembro del máximo órgano judicial minutos antes de la ejecución del allanamiento en su vivienda particular en el barrio Terrazas del Fin del Mundo. Desde lo personal, relató el impacto del procedimiento: “Uno nunca quiere que entren a su casa, con su mujer adentro, y que te requisen en el baño. Fue más que humillante”. También cuestionó un informe policial que vinculó la subida de los archivos a un teléfono Motorola: “No sé realmente cómo llegaron a esa conclusión. Era un teléfono que usaba mi hijo para mirar dibujos animados. No les importó que Google dijera que el material en cuestión había sido subido desde el IP del Poder Judicial, en horario laboral. Ese día ofrecí el teléfono y estuve 12 horas sin poder comer nada hasta que terminaron el allanamiento. Y solo había fotos de dibujitos”. Leonelli sostuvo que la causa evidenció “incoherencia judicial” y denunció un aprovechamiento político: “No descreo de la institución, creo sí que hay personas que le hacen daño. Esta causa se abrió por un hecho fortuito, pero hubo un aprovechamiento personal y político posterior. Y eso fue una clara operación en la que lo más grave sería que haya personas con capacidad de manipular una institución como el Poder Judicial. Si llego a acreditarlo, lo voy a denunciar también, sin dudarlo”. De cara a lo que viene, el camarista anticipó que ya está preparando acciones legales hacia quienes él considera que lo perjudicaron: “Voy a ir demandando a uno por uno” – sentenció. Finalmente Leonelli dejó deslizar la posibilidad de renunciar a su cargo: “Esto me puso en crisis respecto a mi propio deseo de continuidad en el Poder Judicial”.
Ver noticia original