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Parana » Informe Digital
Fecha: 17/09/2025 10:31
La Cámara alta sesionará el próximo jueves desde las 11 en busca de rechazar el veto presidencial. También tratarán la Ley Nicolás, aprobada en diciembre de 2023 por Diputados, entre otros proyectos. La oposición en el Senado logró imponer su agenda en la reunión de Labor Parlamentaria y el próximo jueves desde las 11 debatirá en el recinto el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que disponía el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) , respaldada por los 23 gobernadores y CABA. El temario de la sesión quedó consensuado en un escenario de debilidad oficialista, durante la reunión que encabezó el senador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), en reemplazo de Victoria Villarruel , a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Paraguay. El proyecto de los ATN había sido aprobado en el Senado el 10 de julio y luego sancionada por Diputados. Como la cámara de origen fue la Alta, allí debe iniciarse la insistencia. Sin dictamen, el texto necesitará dos tercios de los votos en dos instancias : primero para habilitar su tratamiento sobre tablas y luego para rechazar el veto. En la votación previa, 56 legisladores se expresaron a favor y solo Luis Juez (Córdoba) lo hizo en contra. El artículo incorporado a la ley 11.672, que es la norma permanente de Presupuesto, establece que los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias deberán distribuirse en “forma diaria y automática ”, integrándose así a la masa de fondos coparticipables. El impulso a la iniciativa contó con la firma de los gobernadores y del jefe de Gobierno porteño, además de referentes de distintos espacios: el kirchnerista José Mayans (Formosa), el radical Eduardo Vischi (Corrientes), el macrista Alfredo De Ángeli (Entre Ríos) y el correntino Carlos Espínola , de Provincias Unidas, entre otros. Ley Nicolás y otros: el resto del temario este jueves en el Senado En paralelo, la sesión también abordará la casi segura sanción de la “ley Nicolás”, que busca evitar diagnósticos errados y casos de mala praxis tras la muerte de Nicolás Deanna, de 24 años, por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo. El proyecto, aprobado en Diputados en diciembre de 2023, promueve un marco jurídico para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, incorporar herramientas tecnológicas, reducir daños evitables y exigir la verificación de la aptitud profesional de los equipos de salud. Además, se avanzará en un dictamen unificado de proyectos del senador Juan Carlos Romero (Provincias Unidas-Salta) para crear el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y dar rango de ley al sistema “Alerta Sofía”. Otro expediente con consenso será el que agrava las penas por accidentes viales y se buscará también avanzar en la declaración de 4 monumentos. ¿Qué son los ATN? El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) está previsto en la Ley de Coparticipación Federal para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales. Según la norma, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% queda en el Gobierno nacional, el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias, y el 1% restante se reserva para los ATN. Estos fondos se consideran transferencias no automáticas o “discrecionales”, porque el Ejecutivo nacional podía decidir cómo repartirlos, sin criterios ni prioridades previamente establecidos. La iniciativa aprobada por el Congreso buscaba modificar esta modalidad y establecer que los ATN se coparticipen de manera automática y diaria, como el resto de los fondos, integrando plenamente la masa coparticipable. Según el último informe de la Jefatura de Gabinete, en lo que va de 2025 la Nación ya transfirió $84 mil millones a las provincias en concepto de ATN, casi un 70% más que lo transferido en todo 2024. Como en gestiones anteriores, estos recursos se giraron hasta ahora de forma discrecional, y la nueva ley buscaba cambiar esa lógica para garantizar previsibilidad y regularidad en la distribución. En paralelo, el Gobierno evalúa cómo proceder con la ley de emergencia en Discapacidad, que ya fue ratificada. Entre las opciones están judicializar la normativa o reglamentarla de forma que su aplicación quede neutralizada, mientras se gestionan las repercusiones políticas de ambas decisiones.
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