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Concordia » Hora Digital
Fecha: 16/09/2025 15:13
Sergio Taselli, ex dueño del frigorífico de Santa Elena, propuso pagar $14.660.000. Su oferta es la más baja entre los imputados. Más de 30 imputados en la causa Cuadernos se presentaron ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) con propuestas de reparación económica para evitar el juicio oral, programado para el 6 de noviembre de 2025. Este proceso, de magnitud inédita, involucra a más de 600 testigos y podría extenderse durante años con audiencias semanales, según información disponible en medios nacionales y judiciales. Entre los empresarios que formularon ofrecimientos está Sergio Taselli, quien propuso pagar $14.660.000, la cifra más baja de la lista. Taselli es recordado en Entre Ríos por su gestión del frigorífico de Santa Elena en los años ‘90, cuya quiebra generó una grave crisis económica en la localidad y dejó a cientos de trabajadores sin empleo, un hecho que aún resuena en la memoria colectiva de la provincia. Otras propuestas económicas presentadas ante el TOF 7 incluyen montos significativamente mayores, como los $826 millones de Julio Paolini, $510 millones de Enrique Pescarmona y $507 millones de Miguel Ángel Marconi, entre otros. También se destacan ofrecimientos como el de Ernesto Clarens, quien puso a disposición un barco y un departamento en Estados Unidos valuado en USD 1,5 millones. La figura de reparación del daño, contemplada en el Código Penal argentino, permite extinguir la acción penal mediante el pago de un monto equivalente al perjuicio causado, sin necesidad de admitir culpabilidad. Sin embargo, la fiscal Fabiana León rechazó las propuestas y afirmó que “no se vende impunidad”, aunque su dictamen no es vinculante y la decisión final recae en el TOF 7. La causa Cuadernos se originó a partir de los registros de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación durante la gestión de Julio de Vido. Según la investigación, se habrían movido unos USD 70 millones en presuntos pagos ilegales, parte de los cuales fueron canalizados a través de empresas offshore para la adquisición de bienes en Argentina y el exterior, conforme a datos de la instrucción judicial.
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