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» Diariopinion
Fecha: 15/09/2025 11:40
La voz de Mabel, vecina del barrio Villa del Carmen, resonó con fuerza en los micrófonos de Radio Parque cuando relató una situación que calificó como "desesperante". Ella y otras seis familias recibieron en marzo pasado cédulas de desalojo con apenas 72 horas de plazo para abandonar sus viviendas, algunas de las cuales fueron construidas con años de esfuerzo. "El año pasado desalojaron primero a mis vecinos y ahora nos toca a nosotros. El supuesto juicio empezó en 2017 y viene para un señor Paulino Vázquez que nadie conoce. El oficial de justicia nos dijo ‘qué bueno que se están yendo sin problemas’ y yo le respondí: ‘señor, nosotros no nos estamos yendo’", contó Mabel, con impotencia. La situación se tornó aún más crítica tras el temporal que afectó recientemente a la zona. A pesar de haber presentado un recurso de amparo, las familias no lograron frenar el proceso judicial. "El juez nos respondió que no seríamos desalojados por vivir en un barrio popular. Me asesoré y ese código es nacional: cuando vivís en un barrio popular es imposible que te desalojen, salvo que estés alquilando y no pagues el alquiler. Pero la otra parte no aceptó y dijeron que ese artículo no sirve", denunció. La angustia de Mabel se agrava al saber que su vivienda fue catalogada por las autoridades como "deshabitada", a pesar de que allí vive con su hijo menor y funciona su peluquería, única fuente de ingreso familiar. "Nos cerraron todas las puertas y tenemos menores. Me duele pensar que todo lo que trabajé para levantar mi casa y comprar materiales ahora quede en la nada. Nosotros compramos el terreno en 2013, construimos con esfuerzo tres dormitorios, cocina-comedor y un baño grande", relató. Respecto al origen del conflicto legal, Mabel explicó que existen dos versiones: una señala a particulares como responsables del juicio —Paulino Vázquez y Zoraida Ramírez de Delgado— y la otra apunta a un conflicto con Vialidad Nacional. "La mitad de mi casa está construida en la parte municipal. Fuimos a Vialidad Nacional, nos tiraron la pelota a la Municipalidad y la Municipalidad a Vialidad. Nadie nos da una respuesta", aseguró. En diciembre del año pasado, las siete familias elevaron una nota formal a Casa de Gobierno, solicitando una audiencia con el gobernador para intentar frenar los desalojos. "Pasó el tiempo y nunca nos llamaron ni nos avisaron nada", dijo Mabel. "Somos familias trabajadoras, hasta los chicos trabajan, y aun así estamos en la calle. Acá gana el que tiene más plata". El testimonio de Mabel refleja no solo la inseguridad jurídica que padecen muchas familias en barrios populares, sino también la ausencia de políticas públicas concretas para abordar conflictos habitacionales. Mientras tanto, las familias siguen sin una solución clara y con la incertidumbre de perder sus hogares de un día para otro.
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