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» Misionesopina
Fecha: 11/09/2025 14:08
El Tribunal Oral Federal de Posadas lo sentenció a 9 años de prisión en un juicio abreviado. El caso se inició en 2017 e involucró a menores víctimas de privación de la libertad, drogas y violencia. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas condenó a Fernando Ariel Skuarek, hijo de Jorge Hugo Skuarek – que sería contador de la empresa Petrovalle y asesor del ex gobernador y ex senador Maurice Closs– a la pena de 9 años de prisión por el delito de trata de menores. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los hechos. La decisión también incluyó la obligación de reparación integral para las víctimas y la incorporación del ADN del condenado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual del Ministerio de Justicia de la Nación. Un proceso judicial extenso El caso se remonta a 2017, cuando los padres de una adolescente de 17 años denunciaron que la joven estaba retenida contra su voluntad en la casa de Skuarek, en el centro de Posadas. Poco después, otra menor se sumó a la denuncia. Ambas declararon que eran sometidas a consumo forzado de estupefacientes –alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina– y a situaciones de abuso sexual, violencia y privación de la libertad. La causa derivó en la imputación por suministro de drogas, reducción a la servidumbre sexual y abuso, en el marco de la Ley 26.364 de Trata de Personas. Durante el proceso, se presentaron además otros testimonios en Cámara Gesell que mencionaban hechos ocurridos desde 2003, aunque varios de ellos prescribieron. Inicialmente Skuarek había recibido prisión domiciliaria, medida que fue revocada en 2023. Tras un breve período detenido, logró su internación en una clínica privada de salud mental, donde permaneció hasta la homologación de la condena. Con la sentencia, esa modalidad podría revisarse y transformarse en cumplimiento efectivo en una unidad carcelaria de Misiones. Según el expediente, las víctimas eran captadas bajo un patrón de seducción, consumo de drogas y aislamiento de sus familias. Además de los abusos, denunciaron amenazas, golpes y situaciones de control total sobre sus movimientos. En paralelo, surgieron acusaciones de encubrimiento contra los padres del condenado, Jorge Hugo Skuarek y Stella Maris González, por supuestamente manipular pruebas y gestionar certificados médicos falsos para evitar que su hijo fuera trasladado a una cárcel común. La Junta Médica Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación descartó en dos oportunidades que Fernando Skuarek tuviera una discapacidad o patología que justificara su permanencia en un centro psiquiátrico. Vínculos políticos y laborales El padre del condenado, Jorge Hugo Skuarek, fue mencionado en 2017 como parte del grupo de 31 asesores del entonces senador Maurice Closs, en paralelo a su rol en Petrovalle, lo que abrió cuestionamientos sobre incompatibilidades. Por su parte, Fernando Ariel Skuarek, a pesar de su situación procesal, estaría figurando como empleado de la Cámara de Representantes de Misiones, según fuentes que accedieron a la causa. La defensa: mediático y polémico El imputado fue defendido por el abogado Francisco Oneto, referente libertario que ganó notoriedad por representar a acusados en causas de fuerte repercusión pública. Oneto integró la defensa de Máximo Thomsen, uno de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa; defendió al futbolista Jonathan Fabbro, condenado por abuso sexual infantil, y a empresarios investigados por narcotráfico como Federico “Fred” Machado. El letrado también participó en la política: en 2023 fue candidato a vicegobernador de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Sus declaraciones en redes sociales y medios, muchas veces de tono provocador y extremo, lo convirtieron en una figura controvertida dentro y fuera del ámbito jurídico. Un caso emblemático La condena a Fernando Ariel Skuarek marca el cierre –al menos judicial– de un proceso de ocho años que implicó custodia permanente para las víctimas por amenazas y hostigamiento, y puso en evidencia la relación entre poder político, privilegios judiciales y vulnerabilidad de las adolescentes afectadas. Si bien el juicio abreviado redujo la expectativa de pena –la querella había solicitado más de 40 años de prisión–, la sentencia a 9 años representa un hito en la causa y abre un debate más amplio sobre el acceso igualitario a la justicia en Misiones, las redes de protección de los hijos del poder y la obligación de garantizar los derechos de las víctimas frente a delitos graves de abuso y trata.
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