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Parana » Entreriosya
Fecha: 11/09/2025 11:40
31 trabajadores rurales, entre ellos dos menores de edad, fueron rescatados en condiciones de hacinamiento. Se dio en el contexto de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela. Los allanamientos se realizaron en dos campos ubicados sobre la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, del departamento 9 de Julio, al norte de la provincia de Santa Fe. De acuerdo a lo constatado en los procedimientos, las víctimas vivían bajo precarios toldos de nailon. No tenían agua potable ni baños y debían realizar jornadas de trabajo de diez horas, de lunes a lunes. Dos ciudadanos fueron identificados y quedaron vinculados a la investigación por su presunta participación en los hechos, precisó el portal Fiscales.gob.ar. La inspección principal El caso se inició el 4 de septiembre pasado. Fue cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), notificó a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela sobre un procedimiento. Había sido realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). El campo fue identificado como establecimiento “Santa Ana”, a pocos kilómetros con el límite con Santiago del Estero. Allí, identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años. Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta. Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores indicaron ser oriundos de la localidad de Los Juríes (Santiago del Estero). Contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300 mil pesos por quincena. Además se les descontaba el valor de la comida. De esos testimonios surgió que los trabajadores no tenían posibilidad de retirarse del lugar. No contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados. Estos aspectos dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social. La comisión fiscalizadora luego se trasladó a un campo lindero, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”. Allí se detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales. Residían en tolderías precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como “deplorables” por los funcionarios. Intervención Frente a esa situación, desde la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, el fiscal Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, solicitaron al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, una orden de registro para constatar las condiciones del lugar y profundizar la investigación. Así, entre la noche del jueves y la mañana del viernes pasado, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, allanó los establecimientos rurales, requisó los campos y logró rescatar a 31 personas alojadas en las condiciones referidas. Al mismo tiempo se dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Junto a la Municipalidad de la localidad de Tostado articularon medidas urgentes de contención a las víctimas. Explotación laboral También se dio intervención al Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación. El mismo proporcionó colaboración para realizar entrevistas a los trabajadores precarizados, abordaje del que participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En el marco de los allanamientos, que culminaron el viernes último por la tarde, además de resguardar a todas las personas identificadas como víctimas por la fiscalía, se ordenó el secuestro de teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, y se identificó a dos personas que quedaron sujetas a la investigación, ante la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Podes comentar y leer comentarios sobre esta noticia mas abajo
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