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» Rafaela Noticias
Fecha: 08/09/2025 11:54
Emergencia en discapacidad: ¿qué implica la norma ratificada en el Congreso? El Senado de la Nación ratificó la ley que declara la emergencia en discapacidad, una norma que busca garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales para millones de personas en todo el país. La decisión se dio tras el rechazo al veto presidencial y abre un nuevo escenario en materia de políticas sociales. Marcelo Gieco, especialista en la temática, explicó en diálogo con Bien Despiertos qué significa esta medida y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sector. Marcelo Gieco, sobre el rechazo al veto de la Ley de Discapacidad Prestaciones desactualizadas y cierres de instituciones La emergencia surge, en primer lugar, por el incumplimiento en la actualización de los aranceles de las prestaciones vinculadas a la discapacidad. Según Gieco, desde diciembre del año pasado no hubo aumentos, a pesar de la inflación y el incremento de costos. Esto afecta directamente a terapias de rehabilitación, centros de estimulación temprana, hogares y servicios educativos-terapéuticos. También repercute en el transporte, que se paga a valores muy por debajo de los costos reales, y en la provisión de insumos básicos como sillas de ruedas, audífonos, implantes cocleares, prótesis, marcapasos y medicación. “La falta de actualización y la ausencia de entrega de recursos provocaron que muchas instituciones tuvieran que cerrar, dejando a trabajadores sin empleo y a personas con discapacidad sin los insumos que necesitan”, señaló. Pensiones no contributivas y auditorías polémicas Otro punto crítico es la situación de las pensiones no contributivas por discapacidad, que constituyen un ingreso fundamental para miles de familias. En los últimos años, varias de estas pensiones fueron dadas de baja bajo el argumento de que existían casos “truchos”. Gieco advirtió que muchas auditorías se realizaron de forma “salvaje y mal hecha”. Como ejemplo, mencionó el caso de un joven de Rafaela con discapacidad motriz severa que debió trasladarse en condiciones muy precarias para ser evaluado, con el riesgo de perder su pensión. Según datos del INDEC, en Argentina hay alrededor de 5,9 millones de personas con discapacidad, pero solo 1,9 millones cuentan con certificado. Esto significa que más de 3 millones aún no acceden a sus derechos por falta de certificación. Qué se espera a partir de ahora La ley establece un plazo de 30 días para que comiencen a regularizarse los aspectos más urgentes. Sin embargo, todavía resta definir cómo será la reglamentación y en qué condiciones se encuentra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que recientemente atravesó despidos y cambios de ministerio. “Es una buena noticia que se haya rechazado el veto. Ahora hay que ver cómo se implementa en la práctica y si realmente se logra garantizar lo que la ley establece”, concluyó Gieco. En Rafaela, como en el resto del país, se estima que entre el 10% y el 13% de la población presenta algún tipo de discapacidad, una cifra que creció en los últimos años en relación con el aumento de la pobreza y los factores sociales asociados. La ratificación de la emergencia representa un alivio para miles de familias y prestadores, pero su efectividad dependerá de la voluntad política y de los recursos destinados a su cumplimiento.
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