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» La Capital
Fecha: 07/09/2025 19:49
El remate se realizará el 18 de septiembre y contará con 159 lotes. La inscripción a la subasta cierra el 9 de septiembre La provincia de Santa Fe se prepara para una nueva edición de la subasta pública de bienes incautados al delito , organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). La cita será el 18 de septiembre en la ciudad de Santa Fe y ya cuenta con más de 1.500 inscriptos provenientes de 16 provincias . En total se rematarán 159 lotes que incluyen vehículos, inmuebles, joyas y otros artículos , todos ofrecidos con valores de referencia que oscilan entre el 30% y el 50% del precio de mercado , lo que representa una oportunidad para quienes buscan adquirir bienes a bajo costo. La inscripción es obligatoria y permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre en el sitio oficial: www.santafe.gob.ar/apradsubasta/subasta . Uno de los ejes centrales de esta política es brindar seguridad a quienes participan. En el caso de los vehículos , se entregan con nuevas chapas patentes y libres de antecedentes registrales , mientras que los inmuebles se transfieren con una nueva matrícula de folio real electrónico , sin vínculo alguno con los titulares originales. El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó: “Desde el gobierno intentamos dar la mayor seguridad para que los ciudadanos participen. Somos la única provincia de la Argentina que tiene este mecanismo que le quita los bienes a los delincuentes y los subasta, pero no dejamos de ser conscientes de que atrás de cada bien subastado hay un delincuente al que se lo quitamos; por eso tiene que haber mucha seguridad para quien participa de estas subastas”. Además, subrayó que en ediciones anteriores no se registraron inconvenientes: “A los vehículos se les cambia la patente y, en términos registrales, nacen como un 0 km, al igual que los inmuebles, que tienen nueva matrícula”. La función de la Aprad La Aprad administra todos los bienes secuestrados en causas judiciales vinculadas a delitos o contravenciones. Su destino puede ser diverso: algunos son entregados para uso de la Policía, institutos penitenciarios, escuelas o entidades asistenciales del Estado; otros se donan a organizaciones de beneficencia, se rematan o son compactados. Con esta política, la provincia busca transformar los bienes obtenidos ilícitamente en recursos que tengan utilidad social y transparencia en su administración.
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