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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 07/09/2025 07:12
El reconocido abogado Rubén Virué es quien canaliza las “inquietudes” de todos los sectores del Derecho en Entre Ríos para que luego se plasme en un Proyecto de Ley que será presentado este año en la legislatura entrerriana para su aprobación. Domingo, 7 de Septiembre de 2025, 6:07 Por Carlos Riera Virué es un abogado muy reconocido dentro de la provincia y fuera de ella. Este larroquense fue secretario de Justicia de Entre Ríos y a nivel nacional fue Director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la Nación desde el 2009 al 2010. Con estos pergaminos, no es para nada extraño que desde todos los operadores de la Justicia y del Gobierno hayan coincidido en que este larroquense sea quien canalice todas las necesidades de los trabajadores del Derecho para mejorar el sistema de justicia de Entre Ríos. En diálogo con EL ARGENTINO, Virué manifestó que hay un reclamo coincidente desde los operadores judiciales sobre la necesidad de actualizar cuestiones dentro del procedimiento que han quedado obsoletas. Hace trece años atrás se implementó el actual sistema de enjuiciamiento y desde entonces no se han realizado mejoras. “La idea es establecer algunas cuestiones que no están reguladas, y para eso, la Secretaría de Justicia me designa a mí como representante ante el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la Asociación de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Concepción de Uruguay, que son las que tienen las carreras de derecho en la región, para que yo canalice, recepte las inquietudes de todos los sectores y se plasmen en un proyecto de ley que va a ser elevado a la legislatura”, explicó Virué. Anteriormente hubo un proyecto del Ejecutivo, cuando el gobernador era Gustavo Bordet, que fue retirado por el gobernador Rogelio Frigelio, que ahora con estas sugerencias e inquietudes desde los distintos sectores, se van a incorporar al que el Gobierno Provincial pretende que sea aprobado en ambas cámaras. “Hay una discusión, fundamentalmente, sobre el tema de los plazos de la investigación penal. Por un lado, el interés del Estado y de la sociedad en que se castiguen los delitos, y por el otro lado, está la garantía constitucional al principio de inocencia y la necesidad de una respuesta rápida por parte de la Justicia a un ciudadano que está sometido a un proceso penal”, indicó el abogado. Virué explicó que se intentará buscar “un equilibrio entre estas dos cuestiones para plasmarlo dentro del Código Procesal Penal”. “También se pretende incorporar la figura del informante y del arrepentido, y la posibilidad de que el Estado intervenga no solo como actor civil, que es lo que hoy puede hacer, sino también como querellante para contribuir en la investigación criminal”, agregó. Por el momento, “estamos receptando las inquietudes y durante septiembre para tratar de plasmar todo durante octubre y parte de noviembre, y ahí socializarla con los diferentes estamentos para que generen observaciones eventualmente. De allí pasará al Ejecutivo para su revisión por la Secretaría Legal y Técnica y, en su caso se envía el proyecto a la Legislatura”. “En muchos casos habrá sustitución de artículos y en otros habrá agregados, y en otros puede haber incorporación de nuevos artículos al texto del Código Procesal Penal”, añadió el entrevistado. Algunas de las cuestiones que se pretenden mejorar dentro de esta nueva reforma del proceso penal, se encuentra una regulación de una etapa previa a la Investigación Penal Preparatoria y su duración. Lo mismo con respecto al proceso y los plazos para resolver. Existe una problemática actual con los juicios por jurados que en algunos casos tienen un atraso en la fijación de audiencias. También se analizan las facultades de la querella para pedir la elevación a juicio o exigir pronunciamiento a la Fiscalía ante la omisión. Las potestades del Juez de Garantías en la etapa intermedia. Los límites del control de la acusación y delimitación de las decisiones que son apelables. La regulación de la prueba digital. El decomiso anticipado en delitos graves. La regulación específica de la acción privada cuando el MPF dispone archivo y es confirmado por el Coordinador. Otras cuestiones también involucran a la incorporación del proceso contra personas jurídicas. La eliminación en la etapa intermedia de la unificación de acusación entre MPF y acusador privado en caso de discrepancia entre ambos. Incorporación expresa de la acusación alternativa o subsidiaria. La posibilidad del Estado de asumir el rol de querellante (en el proceso penal). Regular la incorporación a debate de la declaración de la víctima y del dictamen del perito fallecida. Y la posibilidad de vía recursiva de víctima y Fiscalía en caso de veredicto absolutorio en el juicio por jurados.
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