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» Tu corrientes
Fecha: 05/09/2025 01:04
El Senado de la Nación ratificó este jueves la ley de emergencia en discapacidad, una normativa que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 y que establece medidas urgentes para garantizar derechos, actualizar las prestaciones y saldar deudas con los prestadores de la salud. La ley, de carácter de orden público y con alcance en todo el país, dispone una actualización de aranceles y prestaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023, así como la cancelación de deudas con prestadores. Además, ordena que los valores del Sistema de Prestaciones Básicas se actualicen mensualmente de acuerdo con los índices que publica el INDEC. Uno de los puntos centrales es la modificación de las pensiones no contributivas por discapacidad, que pasarán a representar el 70% del haber mínimo jubilatorio. Los beneficiarios podrán trabajar, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos. El proyecto también establece un incentivo a la contratación laboral: los empleadores que incorporen a personas con certificado de discapacidad bajo contratos por tiempo indeterminado estarán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales y previsionales durante tres años. En cuanto al impacto económico, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que la medida implicará un refuerzo fiscal de entre 1,88 billones y 3,62 billones de pesos, según la cantidad de nuevos beneficiarios, que podría oscilar entre 493 mil y 946 mil personas. Asimismo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tendrá a su cargo un procedimiento de auditoría que garantice criterios de salud claros, un análisis integral de la situación socioeconómica y el respeto del debido proceso inclusivo, con notificaciones fehacientes y acceso a la información para los beneficiarios. El Poder Ejecutivo, por su parte, deberá destinar fondos del Tesoro Nacional para financiar una compensación de emergencia a los prestadores de salud, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios. Con esta sanción, el Congreso busca dar una respuesta inmediata a un sector históricamente postergado, que venía reclamando medidas urgentes frente al atraso de pagos, la falta de actualización de las pensiones y la necesidad de mayor inclusión laboral. Fuente: NA
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