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» Diario Cordoba
Fecha: 04/09/2025 00:05
Pedro Sánchez ha arrancado el curso político agitando la existencia de una suerte de guerra sucia judicial que ha elevado a máximos la tensión entre poderes del Estado, con sectores de la judicatura recriminándole actitudes populistas. No es la primera vez que desde el Ejecutivo se deslizan acusaciones de mala praxis en algunos de los casos que cercan a Sánchez, pero sí que sea el propio presidente del Gobierno quien acuse sin eufemismos a los jueces que instruyen estos procesos de estar “haciendo política” para perjudicarlo. El escudo del denominado ‘lawfare’ para sostener la confianza en un fiscal general del Estado procesado por revelación de secretos y el salto del jefe del Ejecutivo pasando personalmente a la ofensiva marcan así la apertura del año judicial más atípico. A las amenazas de boicot de los sectores conservadores, que en el Ejecutivo aseguran que serían impensables por respeto a la “institucionalidad” que representan los jueces, se suma la decisión del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de no asistir al acto este viernes presidido por el rey Felipe VI. Lo hará para acompañar ese mismo día a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la apertura de su curso político, pero sin dejar de señalar en un comunicado que el jefe del Ejecutivo pone en entredicho al Tribunal Supremo por dudar del procesamiento del fiscal general. Las acusaciones de Sánchez, aún acotadas después por los ministros a una “minoría” de jueces, en una entrevista en ‘TVE’ con largas horas de trabajo previo en su gabinete no fueron fortuitas. Lejos de matizarse, se incorporaron al argumentario de Moncloa y el propio jefe del Ejecutivo las desarrolló en una entrevista publicada por el diario ‘The Guardian’ este miércoles para insistir en la intencionalidad ideológica detrás de la supuesta persecución judicial. El hecho de que haya “algunos jueces que hacen política”, Sánchez lo enmarcó en la entrevista al rotativo británico a en una “realidad” que afectaría a otras democracias, “especialmente cuando se trata de fuerzas o gobiernos progresistas”. Un ministro socialista del núcleo más cercano al presidente del Gobierno justifica las acusaciones de Sánchez ante la tormenta judicial que lo acecha por tratarse de una reacción a ataques previos. “Nosotros hemos sido absolutamente respetuosos con el poder judicial”, destacan estas fuentes para lamentar que no tienen "la sensación de que sea igual a la contra”. Desde el sector progresista del CGPJ se da por descontado que el viernes se evidenciará el "choque de trenes" entre poderes del Estado El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tampoco ha querido desviarse ni un ápice de este argumentario al contraataque para fijar el mensaje de que el debate sobre las malas prácticas de ciertos jueces está en la calle y lo comparte la ciudadanía. “Acciones muy minoritarias”, acotó huyendo en todo momento de generalizaciones, como hace el propio jefe del Ejecutivo, pero que generarían “daño”. Ya no solo a nivel político, sino a la propia justicia. Con todo, Bolaños evitó este miércoles elevar responsabilidades al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por no poner freno a procedimientos sobre los que deslizan prevaricación. Sánchez sí le pidió al órgano de poder de los jueces una “reflexión” para defenderse de lo que considera “procesos que son defectuosos, tanto en el fondo como en la forma” y valorar "si esas causas abiertas tienen parámetros de independencia y respeto a la presunción de inocencia". El titular de Justicia, por su parte, se limitó a mostrar su confianza en el Estado de derecho para dar por hecho que “se irán corriendo las resoluciones que no son conforme a derecho y se irá poniendo todo en su sitio”. La fundación Avanza del PSOE, impulsada el pasado año por Sánchez como un laboratorio de ideas, ya abrió el camino para el salto a esta estrategia al teorizar, antes del procesamiento del fiscal general del Estado, sobre una “ofensiva democrática” y describir el cerco judicial al Gobierno como una mecánica de “lawfare”. De ahí que como conclusión recomendaba en una nota editorial “comenzar a llamar a las cosas por su nombre, y, quizás, pasar a la ofensiva”. En medio de este choque entre el Gobierno y sectores de la judicatura, no cabe margen en el Gobierno para expresar dudas sobre la conveniencia o no de la continuidad del fiscal general. Un aval cerrado que amagó con agrietar antes del parón estival la ministra de Defensa, Margarita Robles para dejar en manos de Álvaro García Ortiz la decisión “que él considere más oportuna de cara a velar por la institución". La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, a 4 de marzo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). / Isaac Buj - Europa Press Acto previo en el Supremo Este martes se celebró un acto en el Tribunal Supremo que permitió reunir a la cúpula judicial tan solo dos días antes del acto solemne de apertura de tribunales con el Rey, lo que sirvió para que durante el cóctel posterior la prensa asistente pudiera confirmar el ambiente de enfado existente en la carrera por las palabras del presidente del Gobierno. Hasta los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial admitían en los diferentes corrillos que estas manifestaciones no se han realizado en el mejor momento. Se trataba de la toma de posesión de las presidencias clave del alto tribunal, que tras la polémica tras la retirada de las candidatas progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso antes del verano ha recaído en los magistrados conservadores Andrés Martínez Arrieta (en la Sala de lo Penal) y Pablo Lucas (en la de lo Contencioso-Administrativo), que ya las venían ejerciendo en funciones. Los corrillos concentraron dos asuntos relevantes: las palabras de Sánchez y la presencia este viernes en el acto institucional, con discurso incluido, del fiscal general del Estado, que ha sido procesado por revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sobre el primero de los temas, el enfado es evidente aunque viene de lejos, según manifestaba algún magistrado que comentaba con sorna que la vuelta de vacaciones había supuesto el regreso "a lo mismo", en referencia al clima de enfrentamiento entre Gobierno y judicatura existente en los meses anteriores al verano. Desde el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, no se entiende "el lío" que han montado las palabras de Sánchez, pero se da por descontado que el viernes se evidenciará el "choque de trenes" entre poderes del Estado. El órgano de gobierno de los jueces no descarta pactar una respuesta institucional al presidente, aunque no se esperan novedades en su contenido frente a anteriores reclamaciones de respeto a la clase política. Por su parte, los vocales conservadores tenían previsto reunirse en la tarde de este jueves para hablar del asunto, aunque la posibilidad de que se acuerde un plante o gesto similar es muy poco probable. 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