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» El Ciudadano
Fecha: 03/09/2025 23:09
Juan Pablo Sarkissian El debate en el marco de la Constituyente en torno a la problemática de la comunicación y la información es, casi sin dudas, uno de los aspectos más controversiales. Nos referimos, claro está, a la reforma del Articulo 11 de la Constitución de Santa Fe. En realidad, la controversia se instala por que existen de hecho, al menos, dos principales miradas: una como negocio y otra como derecho. Conciliar están concepciones de carácter teórico y/o ideológico; como usted prefiera, en el marco de una sociedad capitalista donde la disputa del capital y el trabajo que son el eje y el motor del funcionamiento de la sociedad no es, obvio, tarea sencilla. Es allí donde surgen los matices, las aproximaciones a aquellas dos grandes miradas con la loable intención de conciliar intereses que “contengan a todos los actores”. El problema está en entender que la problemática de la comunicación no es, de ningún modo, una cuestión reservada a los “comunicadores”, ni tampoco al capital (eufemismo de los empresarios de medios de comunicación). Asumir que el derecho a la comunicación y la información es un derecho humano básico de la sociedad, ergo de los hombres y las mujeres que la componen, es el puntapié inicial elemental para poder instrumentar políticas públicas en ese sentido. Y este es el nudo de la controversia. Dice Daniel Fossaroli, referente de Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco): “Hace más de 60 años los medios comunitarios y cooperativos no existían en la Constitución provincial, porque la concepción era, y aún es, que la comunicación es un negocio. Esta situación se agravó en la década del 90, con los gobiernos de Carlos Menem, donde explícitamente se señaló que cualquiera podía tener un emprendimiento comunicacional de carácter comercial; en contrapartida, las organizaciones sin fines lucro estaban prohibidas”. Y agrega: “En ese contexto, conformamos en 2004, convocada por Farco, la Coalición por una Radiodifusión Democrática que nucleaba a sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, y elaboramos los 21 puntos básicos para una nueva Ley de Radiodifusión. Hubo que esperar y trabajar mucho para que en 2009 se sancionara, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una nueva norma: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “¿Que tenía de novedoso esta ley? Que entendía a la comunicación y la información como un derecho básico e irrenunciable de la sociedad”. “¿Y esto en qué redunda? Evita la concentración de medios de comunicación, lo cual degrada la democracia, fomenta la pluralidad de voces y designa al Estado como árbitro para sostener e impulsar un equilibrio entre el negocio y los derechos de la sociedad. Por eso el rol del Estado es clave. Por lo visto y oído, en la Constituyente nada o muy poco de estas cuestiones están presentes en el debate”. Aparece con bastante claridad que, en el debate constitucional, en la voz de los distintos actores involucrados, los principales aspectos reclamados quedan fuera del Articulo 11. La libertad de expresión y el derecho a la información La libertad de expresión y el derecho a la información son dos pilares de la vida en democracia. A mayor y mejor información, con pluralidad de voces, habrá un mejor ejercicio democrático. «Es una oportunidad histórica para lucirse en defensa de la democracia. El nuevo texto constitucional debe ser claro, operativo, amplio y respetuoso de los tratados internacionales que reconoces estos derechos”. La que habla es Florencia San Julián, abogada del Sindicato de Prensa Rosario (SPR). Y agrega: “Desde SPR, junto con un gran número de organizaciones sindicales, académicas y de radios comunitarias presentamos a la Comisión de Declaraciones Derechos y Garantías una propuesta plural y abarcativa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Incluía a su vez herramientas que forman parte del derecho a la información y son clave para el ejercicio periodístico, como el respeto por el secreto de las fuentes y el acceso irrestricto e incondicionado a la información pública. Los dictámenes en mayoría y minoría se hicieron eco de ellos y los incluyeron en la redacción”. “Sin embargo, dejaron afuera la necesidad de que la provincia asegure los principios de pluralismo, diversidad y respeto a las culturas, las creencias, las corrientes de pensamiento y de opinión incluyendo el sostenimiento de los medios públicos y el fomento de los medios comunitarios”. Para San Julián, el texto, al menos hasta ahora, es confuso y ambiguo: “Se incluyen conceptos indeterminados que podrán ser usados tanto a favor o en contra del ejercicio amplio de este derecho y se contraponen con las garantías de los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional”. “El periodismo y los medios de comunicación deben tener como norte el compromiso por la búsqueda de la verdad, y ser conscientes de la responsabilidad que tienen frente a la sociedad como informadores. Sin embargo, la referencia a la actividad periodística ejercida de conformidad con sus “pautas éticas”, es poco feliz, por ser abierta e imprecisa. ¿Quién dirá cuáles son esas pautas éticas que habilitan nada más ni nada menos que la protección de la actividad periodística como componente fundamental del sistema democrático?», remarca San Julián. Y como una expresión de deseo señala: “Apelo a que la última palabra no está dicha, que todavía queda tiempo para la reflexión y una nueva redacción que represente mejor a este derecho y a los santafesinos”. “Les exigimos que escuchen lo que la sociedad les viene pidiendo” En sintonía y con un planteo contundente, el secretario General del SPR, Edgardo Carmona, disparó: “Esperamos que las y los convencionales encargados por la voluntad popular de la reforma de la Constitución provincial asuman en el plenario la actualización del Artículo 11 con las propuestas que fueron elevadas por un amplio sector sindical, comunitario y académico. Les exigimos que escuchen lo que la sociedad les viene pidiendo, y lo hagan con la responsabilidad y el compromiso que exige esta tarea histórica”. Y agregó: “El Estado debe tutelar la información como un derecho humano fundamental para la vida democrática, y la política debe asumir que es un bien a proteger. No puede haber restricciones al libre acceso a la información pública, porque las y los ciudadanos debemos conocer lo que sucede para poder tomar decisiones. En eso reside esa necesidad impostergable y la nueva Constitución lo debe dejar expreso, sin excusas. Desde 1810 que se reclama el querer saber y es deber del Estado a través del gobierno el que está necesariamente obligado a facilitar ese saber traducido en información”. Así, dice Carmona, “la reforma del Artículo 11 debe reflejar la importancia de los medios públicos, su autarquía, su propio presupuesto, con independencia de los gobiernos y de los sectores comerciales que puedan condicionar la verdad. Al igual que fomentar y ayudar a la sostenibilidad de los medios cooperativos y comunitarios. Es llamativo que nadie hable del reparto de la publicidad oficial, hay un temor soterrado por no molestar el statu quo de la pauta oficial». “Hay temas de los cuales ningún partido político y sus dirigentes quieren abordar, y ya es hora de discutir todo. La pauta oficial también tiene que llegar a los medios sin fines de lucro ya que representan otras voces, hacen más plural la comunicación y le otorgan diversidad. A los medios que llegan a dónde a otros no les importa se los asfixia, se los ningunea», describió acerca del pedido de una «pauta transparente y equitativa». Sobre los cuestionamientos del rol del Estado, remarca Carmona: “El Estado no es una entelequia, es un hecho de la realidad que tiene que hacer valer derechos y obligaciones, ser garante de -en nuestro caso- los principios sobre libre expresión que reconocen los pactos internaciones suscriptos por nuestro país, y que la reforma constitucional santafesina debe contener en su redacción”. “Para hacer viable la vida en democracia es imprescindible que la libertad de expresión y el derecho a la comunicación fluyan sin barreras, sin manipulaciones. Los discursos de odio, la apología de la violencia, la discriminación y las campañas con información falsa tienen que estar prohibidos”. Consultado sobre el futuro próximo, el dirigente sindical no dejo margen de dudas: “No nos cansaremos nunca de reclamar por más libertad de expresión y el derecho a la comunicación, por acceso libre a la información pública, por medios públicos independientes, por medios comunitarios y cooperativos sustentables, por una pauta oficial equitativa, por el secreto de las fuentes. Para que las y los trabajadores de prensa no necesiten llevar cascos y máscaras antigás a las coberturas periodísticas por temor a la agresión de las fuerzas de seguridad”. “La densidad de una democracia tiene que reflejarse en normas que profundicen el derecho a la comunicación como un derecho humano. Y no con declamaciones oportunas, sino con normas efectivas, transparentes, sin medias palabras ni sobreentendidos. Eso es lo que pedimos a quienes legislan la reforma de la Constitución de Santa Fe”, cerró Carmona.
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