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  • Ocho funcionarios públicos en Chile arrestados por corrupción y asociación ilícita en un escándalo de gran magnitud.

    Parana » Informe Digital

    Fecha: 03/09/2025 21:49

    El miércoles, una operación anticorrupción llevada a cabo en diversas instituciones públicas y privadas de Santiago y del extremo norte de Chile resultó en la detención de diez personas, entre las que se encuentran cinco funcionarios en ejercicio y tres ex funcionarios, de acuerdo con la información proporcionada por la policía y la fiscalía. Las investigaciones apuntan a que desde 2021 los imputados habrían utilizado sus cargos para llevar a cabo varios delitos, tales como el cobro de sobornos a cambio de agilizar trámites, la entrega de información confidencial y la manipulación de concesiones, arrendamientos o ventas de terrenos fiscales, todo ello por “cuantiosas sumas de dinero”. Agentes de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron allanamientos en domicilios particulares y oficinas estatales en las regiones Metropolitana y de Arica y Parinacota. Entre las instituciones inspeccionadas se encuentran la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales (Seremi) y la Dirección de Obras Municipales de Arica, según indicó Marcelo García Cid, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI en Arica, durante una rueda de prensa. Respecto a los detenidos, cuatro de ellos prestaban servicios en la Seremi, tres habían trabajado anteriormente allí y uno pertenece a la Dirección de Obras Municipales de Arica. Los otros dos imputados son civiles que trabajaban como consultores, señalaron los detectives. La fiscal Paulina Brito explicó a los medios que “se trata de una investigación que lleva más de dos años” y que se originó a partir de denuncias ciudadanas. Añadió que “hoy se concretaron estas órdenes de detención por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita”. Además, los imputados deberán enfrentarse a cargos por lavado de activos y falsificación, mencionó García Cid. En 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric implementó una estrategia nacional anticorrupción, cuyo objetivo es fortalecer las instituciones y aumentar la confianza ciudadana frente a un problema que ha afectado durante años a la sociedad chilena. El lanzamiento de la denominada Estrategia Nacional de Integridad Pública contó con el respaldo de los líderes de la Cámara de Diputados y del Senado, de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, así como del Fiscal Nacional, el comandante en jefe de la Armada y el director general de Carabineros (policía), a pesar de que prácticamente todas estas instituciones han enfrentado un fuerte cuestionamiento por parte de la sociedad chilena en los últimos años. En junio de 2023, se hizo pública la existencia de un convenio irregular entre una entidad estatal y una fundación vinculada al oficialismo, lo que provocó la renuncia del ministro Giorgio Jackson, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Boric, y desde entonces se han incrementado los allanamientos y las dimisiones. Este caso se suma a una serie de escándalos que han afectado al oficialismo en el último año y vuelve a poner en entredicho la capacidad del gobierno para cumplir su promesa de erradicar la corrupción en el aparato estatal. Los diez detenidos quedaron a disposición del tribunal de garantía, que en los próximos días definirá las medidas cautelares mientras avanza la formalización de cargos. (Con información de AP)

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