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» Primerochaco
Fecha: 03/09/2025 12:35
La provincia del Chaco atraviesa un proceso complejo en relación con las pensiones por discapacidad. Informes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) han señalado un número llamativamente alto de beneficios otorgados en el distrito, lo que motivó la puesta en marcha de auditorías nacionales. Sin embargo, desde el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH), su presidenta Ana María Mitoire advirtió sobre los riesgos de la metodología actual. Un sistema bajo la órbita nacional Mitoire explicó que las pensiones son otorgadas directamente por la Agencia Nacional de Discapacidad y administradas por la ANSES, por lo que la provincia tiene un margen muy limitado de intervención. “Nosotros no podemos dar un número de cuántas pensiones están mal entregadas porque no tenemos acceso al registro. Sí sabemos que en relación a la población del Chaco, el número otorgado es muy alto y hubo denuncias sobre irregularidades. Por eso coincidimos en que es necesaria una auditoría, pero debe hacerse de manera correcta”, subrayó. Críticas al procedimiento de auditorías La funcionaria cuestionó la forma en que se vienen desarrollando los operativos en el último año: Citaciones a lugares inexistentes . Convocatorias masivas, de hasta 1.500 personas en un solo punto , con apenas un médico para revisarlas. Suspensión de pensiones a personas con discapacidad en situación social muy vulnerable. “De esta manera se genera un daño enorme. No se puede suspender un derecho a quienes realmente lo necesitan por irregularidades que deben detectarse caso por caso. Es riesgoso e injusto”, alertó Mitoire. Diferencia entre certificado y pensión La presidenta del IPRODICH aclaró una confusión frecuente: Persona con discapacidad : aquella que cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido en la provincia. Beneficiario de pensión: puede ser una persona con certificado o sin él, siempre que tenga incapacidad laboral y vulnerabilidad social. “No todas las personas con certificado tienen pensión, y muchas personas sin certificado accedieron al beneficio. Por eso hay que auditar, pero con seriedad y cercanía con la gente”, insistió. El rol de la provincia Aunque no participa directamente en la entrega ni en la auditoría, el IPRODICH busca acompañar a los beneficiarios. Según Mitoire, trabajan en articulación con municipios, el programa Ñachec y referentes locales para brindar información y respaldo en los reclamos. “Convocamos a las personas con discapacidad a que se informen, lleven su documentación y concurran a las auditorías. Después los acompañamos en cualquier reclamo por restitución en caso de suspensión indebida”, explicó. Además, la provincia pidió a Nación que se informe con anticipación los lugares de auditoría para poder organizar dispositivos de acompañamiento y evitar aglomeraciones desordenadas. La incertidumbre de los datos Consultada sobre casos llamativos de pensiones mal otorgadas, Mitoire fue cautelosa: “No tenemos acceso a las auditorías ni a la documentación. Se habla de certificados repetidos, pero no podemos constatarlo. Haría muy mal en dar cifras sin información certera”. Un reclamo por justicia social En un contexto de crisis económica, la funcionaria remarcó la gravedad de suspender pensiones a personas que realmente las necesitan: “Hay muchas familias que dependen de esa ayuda para sobrevivir. Quitarles el beneficio por irregularidades que deben investigarse de otra manera es muy injusto. Estamos acompañando cada reclamo, porque queremos auditorías reales, bien hechas y cerca de la gente”.
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