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CABA » Plazademayo
Fecha: 03/09/2025 10:03
En la Comisión de Libertad de Expresión, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico expusieron las presiones, amenazas e intentos de censura que sufren tras revelar el desvío de fondos destinados a personas con discapacidad. Legisladores repudiaron la ausencia de la presidenta del cuerpo, María Emilia Orozco, y denunciaron un vaciamiento institucional deliberado. El 2 de septiembre, la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se convirtió en escenario de un fuerte pronunciamiento contra el gobierno nacional. Allí, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico relataron una serie de hostigamientos sufridos a raíz de sus investigaciones sobre la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI, donde detectaron recortes de pensiones y desvío de fondos destinados a los sectores más vulnerables. La reunión se realizó de manera autoconvocada luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciara públicamente a los periodistas y reclamara allanamientos en su contra, en un hecho inédito y de fuerte impacto político. Legisladores de distintos bloques coincidieron en que estas acciones constituyen un intento directo de intimidación a la prensa y una amenaza a la libertad de información. La situación se agravó cuando un juez con un prontuario escandaloso ordenó medidas de censura previa contra los periodistas, impidiendo la difusión de información sensible sobre corrupción estatal. Diputados y comunicadores señalaron que se trata de un hecho gravísimo en democracia, donde la Constitución garantiza expresamente que “la prensa es libre” y prohíbe cualquier forma de censura previa. Las autoridades e integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión de @DiputadosAR nos autoconvocamos para recibir a los periodistas @rialjorge y @maurofederico, quienes sufrieron censura previa, amenazas y una denuncia presentada por la ministra Patricia Bullrich que incluso… pic.twitter.com/aRYDLz5gxE — Carolina Gaillard (@CaroGaillard) September 2, 2025 “Persecución del aparato del Estado” Rial sostuvo que existe “un plan organizado” que comenzó con la represión a manifestantes y jubilados, y continuó con el ajuste sobre los sectores más vulnerables. Denunció la utilización del “aparato del Estado” para intimidar a periodistas que investigan esas irregularidades. Relató haber sufrido presiones, amedrentamientos y hasta la aparición de un Falcon estacionado frente a su casa. “Este gobierno no cree en la Constitución, que es su criptonita”, afirmó Rial, quien adelantó la presentación de nuevas pruebas documentales que muestran cómo funcionarios incentivaban a empleados de la ANDIS a recortar subsidios para discapacitados a cambio de gratificaciones económicas. Afirmó que su presencia no era solo en nombre de él y Mauro Federico, sino también de Pablo Grillo, quien lucha por su vida, y de todos los periodistas, fotoperiodistas y camarógrafos que son «reprimidos brutalmente» cada miércoles cerca del Congreso. Corrupción y recorte en discapacidad Por su parte, Mauro Federico describió lo revelado como “apenas la punta del iceberg” de un entramado de corrupción que, según dijo, llegó a desviar incluso fondos de organismos internacionales como la CAF y el BID. Calificó la política oficial hacia el sector como un “genocidio planificado” que dejó sin cobertura a miles de personas con discapacidad. “Construyeron una organización para destruir el sistema nacional de asistencia y hacer negocios con ese dinero. Nunca negociamos información ni vendemos silencio”, enfatizó Federico, que anunció la inminente entrega de nuevas pruebas a la justicia y al Congreso. Anunció la próxima presentación de «pruebas materiales documentales, chats, conversaciones del personal de la ANDIS» que muestran mecanismos de «gratificación económica a aquellos que cumplieran con los objetivos de dar de baja a las pensiones por discapacidad». Aclaró que sus fuentes son «laburantes» (muchos despedidos, otros aún dentro, y directivos disconformes), no espías o agentes extranjeros. Comisión paralizada y ausencias llamativas La otra gran polémica de la jornada fue la ausencia de la presidenta de la comisión, María Emilia Orozco, señalada por distintos legisladores como responsable de haber mantenido “clausurado” el funcionamiento del cuerpo durante más de un año. El vicepresidente Cristian Castillo explicó que la convocatoria se realizó “ante la negativa de Orozco de llamar a sesiones”, lo que –según denunció– responde a un modus operandi del oficialismo para impedir el tratamiento de “hechos gravísimos”. Diputados de diversos bloques expresaron su repudio: Eduardo Valdés habló de “un año con la puerta cerrada de la comisión”, Mónica Frade calificó la situación de “tristísima”, y Mercedes de Mendieta recordó que Orozco viajó con funcionarios de la ANDIS a Dubái “con la plata de las personas con discapacidad”. Libertad de prensa en riesgo El tono general del encuentro fue de alarma por la situación de la libertad de expresión en la Argentina. Legisladores y periodistas coincidieron en que el gobierno intenta acallar investigaciones periodísticas que revelan el desvío de fondos públicos y el ajuste sobre los sectores más vulnerables. “Si hoy atacan la libertad de prensa, mañana atacarán todas las libertades”, advirtió Rial, mientras Federico remarcó que el periodismo “no puede ser silenciado por persecuciones ni amenazas”. La reunión terminó con un compromiso de los diputados presentes de garantizar el funcionamiento de la comisión y brindar respaldo institucional a los periodistas perseguidos. El trasfondo, sin embargo, dejó expuesta la gravedad de la crisis: un gobierno que busca controlar el relato, una comisión legislativa paralizada por un año y la sospecha de un plan de encubrimiento frente a denuncias de corrupción de alto impacto social.
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