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Parana » Lasexta
Fecha: 02/09/2025 21:11
La Justicia investiga al exapoderado legal de cuatro escuelas públicas de gestión privada que dependen del Arzobispado de Paraná -dos de Santa Elena y dos de la capital provincial-, sospechado de desviar 93 millones de pesos a su cuenta personal. Las instituciones santaelenenses donde se habría cometido la presunta defraudación al Estado y al Arzobispado son la Escuela D-117 Nuestra Señora de Fátima y el Instituto Fernando Torres Vilches. En tanto, el Consejo General de Educación (CGE) también detectó desvío de fondos atribuidos al apoderado legal en la Escuela Santa Lucía y la Escuela Nuestra Señora de la Esperanza, ambas de Paraná. Se trata de Víctor Adrián Godoy, quien también fue apoderado del Intituto San Pompilio de Bovril, registró La Sexta. La investigación se inició con la denuncia del CGE por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador en las cuatro escuelas públicas de gestión privada de Santa Elena y Paraná. En la audiencia celebrada este lunes en los Tribunales de la capital provincial, la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, dispuso ordenar el levantamiento del secreto bancario y fiscal del imputado por presunta defraudación a la administración pública para determinar, entre otros puntos, si no hay más personas involucradas. Se sospecha que el entonces administrador recibía los fondos del CGE y los transfería a su cuenta, ya que tenía las claves, publicó APFDigital. Concretamente, se investiga si Godoy desviaba fondos públicos que eran para pagar sueldos y aportes previsionales de los docentes de los cuatro establecimientos dependientes del Arzobispado de Paraná, a partir de rendiciones de cuenta falsas por parte de las escuelas que administraba, en el período comprendido entre 2019 y agosto de 2024. En la audiencia de este lunes, la querella particular en representación del Arzobispado, en manos de Leopoldo Lambruschini, y la Fiscalía de Paraná, representada por Gonzalo Badano, solicitaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre la cuenta del imputado. La defensa, a cargo de Ricardo Mulone, se opuso al pedido y argumentó que su asistido no reviste carácter de imputado porque no se le tomó declaración indagatoria, que podría haber otras personas involucradas y había que investigar en ese sentido. La medida decidida por la jueza Firpo comprenderá el período 2019 - agosto de 2024, cuando se realizó la denuncia. Así, la magistrada hizo lugar al pedido de la querella y desistió del de la Fiscalía, que pretendía que el período sometido a investigación comprendiera hasta la actualidad. Firpo le manifestó a la defensa que en el momento en que se permitió al Arzobispado constituirse como querellante hubo un señalamiento sobre su asistido. Recordó que la constitución como querellante no es un trámite sencillo, que prevé condiciones, y destacó que Godoy pudo defenderse en todo momento. Si bien las acusaciones difirieron respecto del período sobre el que debe posarse la lupa investigativa, coincidieron en la necesidad de determinar si el sospechoso solo realizaba transferencias hacia una cuenta de su titularidad o lo hacía hacia otras. También se podrá determinar si no hubo terceros involucrados en la maniobra que se investiga, ya sea como coautores o partícipes. En este sentido, en la audiencia se expresó que junto a Godoy había otra persona que tenía las claves de acceso a las cuentas de las escuelas, pero se indicó que aquella se la dio voluntariamente al sospechoso. Lo que se trata de determinar, al menos en el caso de aquélla, es si hubo un accionar negligente, por amistad o confianza, o uno connivente. Con información de: APFDigital y El Once
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