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Parana » AIM Digital
Fecha: 01/09/2025 16:22
“La realidad de los barrios populares es el espejo más nítido de las desigualdades estructurales. En cientos de ellos, falta el agua potable, cloacas, alumbrado en las calles, asfalto para que al menos, pueda entrar y salir la ambulancia. Lo que se revela no es simplemente la ausencia de recursos, sino la presencia de una política deliberada: la política del descarte”, dijo a AIM la referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), Tamara Berales. “Decir descarte no es una metáfora exagerada. Es ponerle nombre a las formas en las que las políticas de Estado muchas veces administran y resuelven con parches; pero no se trabaja en forma real, en la posibilidad de integrar en igualdad de condiciones la urbanización de los barrios populares”, dijo Berales a esa Agencia. Consideró la referente que: “El descarte no es solo material: también es cultural y político. Se construye sobre la estigmatización de los barrios como lugares peligrosos, donde se criminaliza la pobreza en lugar de reconocer la potencia de la organización comunitaria. En Entre Ríos, por ejemplo, se invierte más en patrulleros que en plazas, más en operativos de control que en centros culturales. No hay una política integral para el abordaje de la salud mental y en paralelo a eso avanza la narcoestructura y el consumo problemático que siguen calando en los barrios populares”. Frente a esta realidad, “son las organizaciones populares las que ponen el cuerpo. Son las cocineras comunitarias las que garantizan la comida cuando el salario no alcanza. Cuando llueva y a los vecinos se les moja todo, son las cuadrillas que mejoran las casas, que abren espacios de cuidado, que arman cooperativas de trabajo y sostienen redes de solidaridad. Mientras arriba se descarta, abajo se inventan respuestas para que la vida no se apague y esto se traduce en que vivir en un barrio popular es un empezar de cero constante”. Enfatizó Berales: “Nombrar la política de descarte es incomodar; es señalar que la pobreza no es natural ni inevitable, sino el resultado de un modelo que concentra riqueza y distribuye miseria; y es también afirmar que la salida no vendrá del asistencialismo ni del control punitivo, sino de un proyecto político que asuma la urbanización, el reconocimiento de la economía popular, el derecho al trabajo y a la vida digna como prioridades innegociables”. “El desafío político es claro: transformar las políticas de descarte en políticas de dignidad. No se trata de administrar la pobreza, sino de garantizar derechos. No se trata de apagar incendios, sino de construir futuro. Y esa es una batalla que solo puede ganarse si la sociedad en su conjunto asume que nadie sobra, que ningún barrio sobra, que ningún pibe sobra”, remarcó. La integración urbana como política social Hablar de integración urbana, dijo Berales, “es hablar de derechos. Con esto no se trata de asfaltar calles o poner luminarias; es una decisión política en pos de brindar una vida de calidad a las personas”. “Por eso la integración urbana no puede ser pensada como un plan técnico ni como una obra de infraestructura aislada; es una política social integral, que cruza lo habitacional, lo educativo, lo laboral y lo cultural. Y es también una política de justicia: porque devuelve dignidad a quienes fueron históricamente descartados y desarma la frontera simbólica entre el centro y los barrios”. Los barrios populares muestran todos los días que allí hay vida, organización y futuro. “Lo que falta es una decisión política sostenida que transforme esa energía en igualdad efectiva. La integración urbana, entonces, es mucho más que asfalto y ladrillos: es un acto de reconocimiento, un pacto social que dice que nadie sobra”, concluyó.
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