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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 31/08/2025 23:10
Compartilo con La gestión del Puerto de Ibicuy se ha convertido en el epicentro de una creciente controversia en Entre Ríos, donde la transparencia del convenio de Puerto Ibicuy está siendo cuestionada por la diputada nacional Blanca Osuna, quien ha presentado un reclamo administrativo ante el Gobierno provincial por la supuesta “falta de transparencia y riesgo ambiental” en torno a un millonario acuerdo. El centro de la disputa es el convenio de Permiso de Uso Oneroso suscripto entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI) y la empresa PTP Warrant S.A., cuya documentación completa, según la legisladora, ha sido omitida o parcialmente revelada a pesar de múltiples solicitudes. Transparencia del convenio de Puerto Ibicuy: la diputada nacional Blanca Osuna exige al Gobierno de Entre Ríos acceso a detalles clave del acuerdo con PTP Warrant. El gobierno entrerriano, en un acto que contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, formalizó este acuerdo el 28 de octubre de 2024, destacando la inversión de 12 millones de dólares por parte de PTP Warrant S.A. para concluir obras de infraestructura en el puerto y dejarlo operativo. En su momento, el intendente de Ibicuy, Exequiel Maneiro, calificó el evento como “un día histórico” para la localidad, resaltando la importancia del desarrollo logístico del sur entrerriano. Por su parte, Guillermo Misiano, presidente de PTP Warrant S.A., enfatizó que “Entre Ríos, en materia portuaria, tiene todo para crecer”, describiendo a Ibicuy como un “gigante dormido” con el potencial de convertirse en un puerto clave no solo para la producción entrerriana, sino para todo el litoral y la hidrovía Paraná-Paraguay. La inversión está destinada a terminar el muelle Isla y otras infraestructuras, buscando posicionar a Ibicuy como un centro logístico crucial. Sin embargo, la visión optimista del gobierno contrasta con el persistente reclamo de la diputada Osuna. El 28 de agosto de 2025, la legisladora formalizó un Reclamo Administrativo ante la Mesa de Entradas de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, amparándose en la Ley Nacional Nº 19.549 y la Ley de Acceso a la Información Pública. Su fundamentación radica en la “falta de publicación del Convenio de Permiso de Uso Oneroso” y en las “respuestas parciales, omisivas y derivaciones indebidas” que ha recibido tras cuatro pedidos formales realizados entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. Incluso, un reclamo y denegatoria presentado el 12 de junio de 2025 ante el Instituto Portuario fue derivado a otros organismos sin obtener respuesta hasta la fecha. Transparencia del convenio de Puerto Ibicuy: un anexo ausente en el Boletín Oficial El gobierno de Entre Ríos firmó un convenio con PTP Warrant el pasado 28 de octubre. Un punto crítico que alimenta la preocupación por la transparencia del convenio de Puerto Ibicuy es la situación del Decreto N° 3884/24 GOB, que ratifica el acuerdo. Si bien este decreto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos, el 21 de enero de 2025, se indica que el convenio en cuestión se incorpora al decreto como Anexo. Sin embargo, este anexo no se publicó en esa edición del boletín oficial, lo que impide el acceso público a los términos y condiciones específicos del acuerdo. Esta omisión agrava las denuncias de opacidad y dificulta la fiscalización ciudadana y legislativa sobre un contrato de gran envergadura. Osuna ha subrayado la gravedad de esta opacidad, argumentando que el Puerto de Ibicuy es una infraestructura estratégica con “condiciones excepcionales” para la provincia, clave para la salida de la producción regional, la generación de actividad económica y la creación de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, su actividad tiene un impacto directo en la seguridad ambiental y sanitaria de las comunidades circundantes. La falta de acceso a la información completa “limita e impide controlar el cumplimiento del Gobierno provincial de obligaciones laborales, ambientales y de desarrollo turístico que son esenciales para la zona”. La diputada también hizo referencia a un episodio ocurrido entre marzo y junio de 2025, donde la empresa PTP Warrants S.A. habría descargado y almacenado 5.000 toneladas de azufre a cielo abierto en el puerto, lo que representó un “riesgo ambiental y sanitario” para trabajadores y vecinos. Ante este escenario, Blanca Osuna exige la publicación íntegra y pública del convenio, así como los estudios y certificados ambientales exigidos (Evaluación de Impacto Ambiental, certificado de aptitud ambiental), el estado de las obras comprometidas, los registros de facturación y pago del canon, y las medidas de protección sanitaria y protocolos de remediación. La discrepancia entre la narrativa de progreso y la demanda de transparencia subraya la necesidad de un mayor escrutinio público en proyectos de gran impacto regional.
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