31/08/2025 12:33
31/08/2025 12:32
31/08/2025 12:31
31/08/2025 12:31
31/08/2025 12:31
31/08/2025 12:31
31/08/2025 12:31
31/08/2025 12:31
31/08/2025 12:30
31/08/2025 12:30
Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 31/08/2025 08:43
La cifra, difundida por el Superior Tribunal de Justicia, no puede leerse como un dato aislado: responde a una coyuntura nacional marcada por el desfinanciamiento de políticas públicas, el negacionismo institucional y el agravamiento de las condiciones socioeconómicas. Domingo, 31 de Agosto de 2025, 6:33 Por Sandra Insaurralde En tiempos donde el discurso oficial desacredita la existencia misma de la violencia de género y desactiva programas de prevención y acompañamiento, la visibilización de los casos en ciudades como Gualeguaychú se vuelve urgente y reveladora. Las denuncias no solo reflejan situaciones individuales de riesgo, sino también la fragilidad de las redes de contención, la falta de recursos estatales y el impacto directo de las decisiones políticas sobre los cuerpos y las vidas de mujeres y disidencias. Para comprender esta realidad, EL ARGENTINO dialogó con Belén Bire, ex funcionaria municipal en el área de Género y Diversidad, docente y referente territorial en el acompañamiento a víctimas. “Creo que hay un contexto de amplia complejidad en torno a la problemática de violencia de género que va desde el negacionismo impartido por el presidente de la Nación sobre esta problemática, negando su existencia y desfinanciando programas destinados a prevenir y acompañar, hasta la situación económica que atravesamos.” Bire advirtió que las crisis estructurales económica, política, cultural y social profundizan las violencias, y que el discurso presidencial legítima prácticas agresivas que se trasladan al entramado social. “La violencia que el presidente legitima a través de sus prácticas (insultos, amenazas, gritos, burlas, etc.), siendo el máximo responsable de los y las argentinas, se traspola a la sociedad que percibe que son momentos donde eso ‘está permitido, o está bien’, si lo hace hasta el mismo presidente.” En este escenario, destacó la importancia de sostener políticas locales como la Casa Alas Desatadas, espacio de contención institucional que aún resiste los recortes nacionales: “Debe tomarse como una política pública prioritaria y que atraviese todas las áreas para ser efectiva a largo plazo, sobre todo en prevención y promoción de derechos. Es difícil defender nuestros derechos si no los conocemos, y esa responsabilidad es del Estado”, valoró la referente local. Las barreras para denunciar siguen siendo múltiples, pero hay una que se impone con fuerza: la falta de recursos. “La mayor barrera es la falta de recursos que imposibilitan cualquier movimiento necesario para salir de una relación atravesada por las violencias. La violencia económica suele marcar las definiciones y decisiones de mujeres que no cuentan con recursos económicos y necesitan del Estado para acompañar estos procesos individuales con un denominador común: el miedo”, afirmó Bire a EL ARGENTINO. El acompañamiento institucional, según Bire, debe ser articulado y sensible. La red interinstitucional y comunitaria es clave para dar respuestas integrales. “Si una mujer denuncia, la policía le ofrece Alas Desatadas si no tiene dónde ir, la fiscalía dicta medidas de protección y la justicia determina la situación del agresor. A su vez, los efectores de salud intervienen de ser necesario. Es fundamental la política de mesa interinstitucional que se desarrolló durante la gestión anterior, ya que permite dialogar y llegar a acuerdos en el marco de las limitaciones que existen institucionalmente.” Además, Belén subrayó el rol de la comunidad organizada como sostén emocional y logístico para quienes no cuentan con redes familiares. En cuanto a la prevención, la educación sexual integral y la formación en derechos son pilares que no deben ser desmantelados: “Como docente creo necesario abordar en la escuela desde la ESI las violencias por razones de género, los vínculos sanos, los derechos sexuales y reproductivos, las leyes que existen y las diferentes formas de erradicar esta problemática. La aplicación de la Ley Micaela es una política esencial que no debería haberse interrumpido ni en Nación, provincia y municipios”, finalizó Belén. La violencia de género en Gualeguaychú no es solo una cifra: es una urgencia que exige respuestas concretas, sostenidas y colectivas. En tiempos de retroceso institucional, la resistencia se construye desde el territorio, la memoria y la acción comunitaria. Los últimos datos deben interpelar a las instituciones, a la comunidad organizada y a los gobiernos locales, a sostener espacios de protección, estrategias de prevención y redes de acompañamiento. La violencia de género no se combate con discursos vacíos ni con recortes presupuestarios: requiere voluntad política, compromiso territorial y acciones concretas que garanticen derechos.
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por