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» Elterritorio
Fecha: 31/08/2025 00:57
La denuncia del cardiólogo Leandro Peñaloza por el uso falsificado de su firma y sello en constancias de auditorías de pensiones por discapacidad en San Ignacio, volvió a poner en la mira a la Agencia Nacional de Discapacidad. sábado 30 de agosto de 2025 | 20:45hs. La cuestionada auditoría se realizó en San Ignacio. //Foto: Facebook. La denuncia de un cardiólogo de la ciudad de Pergamino (provincia de Buenos Aires) por la falsificación de su firma y sello en constancias entregadas a beneficiarios de pensiones en la localidad de San Ignacio, volvió a poner en el centro de la polémica a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El profesional, Leandro Peñaloza, aseguró que jamás participó de esas evaluaciones y que se trató de una maniobra fraudulenta. "Este viernes alguien estuvo usando un sello profesional a mi nombre que a todas luces es falso. No coincide la tipografía y la firma estampada no se asemeja a la que utilizo", afirmó en declaraciones a Clarin. "En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así", dijo, al tiempo que confirmó que ya se comunicó con el fiscal de Pergamino para avanzar con una denuncia penal. Peñaloza también rechazó versiones que intentaban vincularlo políticamente con el oficialismo nacional. "No tengo relación alguna con La Libertad Avanza", aclaró. La maniobra fue detectada en el marco de auditorías que la Andis realizó en la localidad del centro provincial, cuestionadas por los propios beneficiarios. Según denunciaron, fueron citados bajo amenaza de perder el beneficio, atendidos por estudiantes en un edificio en ruinas, luego de horas bajo el sol, y obligados a recibir constancias apócrifas con el nombre del médico. Presentación judicial en Misiones En paralelo, el Gobierno de Misiones presentó un amparo en la Justicia Federal para suspender las auditorías y exigir la restitución de las pensiones dadas de baja. La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, fue tajante al señalar la falta de garantías en los procesos. "No se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni profesionales en el procedimiento", sostuvo. El escrito judicial remarca que el Ejecutivo nacional tiene la potestad de auditar, pero no de vulnerar derechos. "El Gobierno nacional no puede desentenderse de su obligación constitucional. Puede auditar, pero debe hacerlo sin vulnerar derechos", enfatizó Antúnez, según cita Perfil. La controversia se inscribe en el marco de la suspensión de más de 111 mil beneficios a nivel nacional, que mantienen a la Andis bajo un fuerte cuestionamiento público tras denuncias de irregularidades y la salida de su extitular, Diego Spagnuolo.
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