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» Diario Cordoba
Fecha: 30/08/2025 20:14
La inmigración, un asunto crucial de nuestra era en toda Europa y en otras latitudes, y que los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) consolidan ya como el tercer problema para los españoles, solo por detrás de la vivienda y de la corrupción, es también un reto mayúsculo para la derecha tradicional en el viejo continente. Esa que vive asediada por la emergencia de una extrema derecha que lejos de la residualidad de hace décadas se sienta ya por derecho propio en el Consejo Europeo, donde desde hace tiempo primeros ministros como la italiana Giorgia Meloni o el húngaro Viktor Orbán marcan la pauta en muchos asuntos. En España, el Partido Popular (PP) lleva tiempo surfeando esa compleja ola con comportamientos bastante disímiles entre unos y otros dirigentes, según se desempeñen estos en territorios con mayor o menor presencia de personas migrantes. Y según dependan o no de Vox para conformar sus respectivas mayorías de gobierno a nivel autonómico o local. Este verano el episodio de Jumilla, donde la alcaldesa conservadora de esa localidad murciana, Seve González, trató de maquillar (sin alterar su propósito de fondo) una enmienda islamófoba de Vox para prohibir el Ramadán o la Fiesta del Cordero en instalaciones municipales, aunque sin lograr opacar el escándalo ni las quejas de la comunidad musulmana, con fuerte presencia allí, puso de manifiesto esa tesitura en la que se desempeña el primer partido de la oposición. Pero desde hace un año el reparto de los miles de menores migrantes llegados a Canarias, donde el PP gobierna en coalición con el nacionalista Fernando Clavijo, sigue poniendo a prueba en el largo plazo a los populares. La oposición a ese reparto entre otras comunidades autónomas motivó la salida de los de Santiago Abascal de los gobiernos que compartían desde las elecciones de 2023 en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Aragón, y desde un año antes en Castilla y León, donde el presidente de esa comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, fue el primero en dar cabida a Vox en su Ejecutivo. "Hundir el Open Arms" Un año después el conflicto con el Gobierno no cesa. El PP ha impedido validar con su voto en el Congreso de los Diputados (como también hizo Junts per Catalunya, socio del Ejecutivo) la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería para poner negro sobre blanco y en un texto con rango legal los criterios para ese reparto de los menores llegados a España. Pero tampoco cesa la tensión con un Abascal que esta misma semana se ha descolgado pidiendo literalmente "hundir" el barco de la ONG española Open Arms. Los populares no se manifiestan en esos términos, pero sí han elevado el tono al calificar de "chantaje" la actitud del Gobierno al advertir con la eventual actuación de las Fuerzas de Seguridad ante los recelos de las comunidades del PP ante ese reparto migratorio, que los de Feijóo no han dudado en elevar al Tribunal Constitucional. Ese fue el término elegido por la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, para arremeter contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien además de blandir la eventual actuación de la Policía y la Guardia Civil advirtió con la posibilidad de acudir a la Fiscalía si las comunidades del PP se declaraban en rebeldía frente al reparto. Al mismo tiempo, los gobiernos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, obviamente las que tienen mayor presencia de población musulmana y las más expuestas junto a Canarias a la llegada de migrantes, ya han solicitado al Ejecutivo la contingencia migratoria en sus territorios, paso inexcusable para que se complete ese reparto de menores. Se trata de una medida que fuentes de esos gobiernos justifican por la "excepcionalidad" de su territorio, la misma que ha llevado al Gobierno canario de Clavijo y el PP a solicitar idéntica medida. No es ningún secreto el enfoque que en esta materia vienen manteniendo los presidentes populares de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, dos veteranos de la política española, que les ha costado severas invectivas de Vox, un partido que ha arraigado con fuerza en ambos lugares, donde incluso en 2019 logró el hito de alzarse con el único diputado por Ceuta. Los plenos de esas ciudades han sido elocuente botón de muestra del antagonismo en esta materia con Vox. El presidente Vivas llegó a suspender una de esas sesiones en 2021 cuando el representante de Vox acusó a sus homólogos musulmanes de "promarroquíes" y "quintacolumnistas". Vivas le recordó al portavoz de los de Abascal que todos los representantes públicos de la institución eran españoles. También el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha mantenido disputas de calado con Vox por la materia migratoria. Hasta el punto de que calificó de "disparate colosal" y de "cacería" la postura de los de Abascal (con el que pese a todo mantiene un trato cordial, fruto de la relación que ambos cuajaron cuando coincidieron en Nuevas Generaciones del PP) vinculando inmigración y delincuencia. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considerada por la izquierda la popular más cercana ideológicamente a Vox, y también con sintonía personal desde hace años con Abascal, ha protagonizado enfrentamientos parecidos con la formación a su derecha en la Asamblea de Madrid. "Qué pasa, que si es un españolazo es de los nuestros y la conducta incívica está bien vista", le espetó en forma de interrogación retórica en su día a la entonces portavoz madrileña de Vox, Rocío Monasterio, a la que advirtió que "si pesa más el comportamiento incívico de alguien según el origen de quien lo comete, eso tiene otro nombre", deslizó. Aunque los ejemplos citados, en el caso de Moreno y Ayuso el de dos barones con mayoría absoluta en sus autonomías y por tanto sin dependencia de Vox, conviven en el seno del PP con otros acentos o políticas. En destacado lugar el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha basado su hegemonía en la tercera ciudad de Catalunya en un duro discurso migratorio, en el que ha reclamado en infinidad de ocasiones la deportación de aquellos que incurran en conductas delictivas multirreincidentes. Por su parte, y aun después de la salida de Vox de sus gabinetes, los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Carlos Mazón y Fernando López Miras, han tenido que plegarse a varias de las exigencias de Vox, también en materia migratoria, para mantener a flote las legislaturas autonómicas. El primero este mismo año para salvar los llamados presupuestos de la reconstrucción después de la trágica dana de finales de 2024 y de su discutida gestión de la misma. “Quiero volver advertir de esta trampa del gobierno central. Y coincidimos con Vox, que ha manifestado su rechazo a la política migratoria del gobierno central en todo momento (...). Es evidente que la inmigración ilegal masiva necesita ser abordada con una nueva política migratoria a nivel nacional y europeo, necesitamos agilizar con urgencia las expulsiones de inmigrantes ilegales”, afirmó Mazón tras sellar el pacto presupuestario en las Cortes con la formación de la extrema derecha. La oposición al reparto de menores inmigrantes no acompañados también se incluyó el pasado junio en el acuerdo entre el PP y Vox en Murcia. Entre esas dos almas debe ahora navegar Feijóo, quien andado el tiempo, y si las urnas esta vez se lo permiten, deberá contar con el concurso de Vox, de una u otra manera, para suceder a Sánchez en la Moncloa. Alguien con peso en los sectores más ideologizados de la derecha como la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, cuando ejercía como portavoz del Grupo Popular en el Congreso y a cuenta de la crisis precisamente del Open Arms en el verano de 2019 en Italia, trazó varios ejes maestros en un discurso de réplica en el hemiciclo a la entonces vicepresidenta primera Carmen Calvo. De Toledo, cuando Vox acababa de irrumpir en la Cámara Baja, afirmó que "un barco a la deriva se ha de asistir siempre, como a cualquier persona cuando su vida corre peligro, eso es natural y lo haríamos todos y eso no se discute", afirmó, en referencia a la actuación entonces de la Justicia en Italia, que rescató a los inmigrantes del buque para a continuación inmovilizarlo. A continuación, equiparó la actitud ante el fenómeno de Sánchez y de Matteo Salvini, entonces como ahora con Meloni vicepresidente italiano y en aquel momento ministro de Interior. "El sanchismo y el salvinismo son las dos caras de la misma moneda", afirmó desde la tribuna de oradores, explicando que a su juicio ambos "utilizan a los inmigrantes para ganar votos" aunque de maneras distintas. El presidente español, dijo en aquella ocasión la dirigente popular, hoy portavoz adjunta, "pesca en el océano del sentimentalismo irresponsable", mientras que Salvini, socio de Meloni como líder de La Liga, haría lo propio "cazando también en la selva de la xenofobia y el odio al diferente". En aquel momento, la política española ofrecía al PP una opción de pacto hacia su centro, la de Ciudadanos, hoy desaparecida del mapa y en buena medida absorbida políticamente por Génova. Y la inmigración, en el lustro transcurrido, no ha dejado de crecer ni de situarse como uno de los asuntos nucleares de la política española. Suscríbete para seguir leyendo
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