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Colon » El Entre Rios
Fecha: 29/08/2025 06:30
Cuando en 1946 -primer gobierno de Perón- se firmó entre Argentina y Uruguay el primer tratado sobre aprovechamiento de las aguas del Río Uruguay (ley 13.213/48), sus objetivos enunciados eran: 1) Usos domésticos y sanitarios (agua corriente). 2) Navegación. 3) Riego. 4) Producción de energía eléctrica.Los tres primeros no se cumplieron: no se construyó nunca el proyectado Canal que permitiría navegar el río aguas arriba de la represa.Tampoco se hicieron, y ni siquiera, hasta donde sabemos, se proyectaron, las obras necesarias de riego (100.000 hectáreas) y agua corriente para las poblaciones aledañas.Respecto al único de los objetivos relativamente cumplido -la generación de energía- , el hecho es que, pese a encontrarnos a pocos kilómetros de una de las presas hidroeléctricas más importantes de Sudamérica, que abastece la totalidad del consumo de Uruguay, y entre el 15 o 20% de Argentina, nuestra región continúa pagando tarifas sustancialmente más caras que otros lugares del país, entre ellos la propia Buenos Aires.Tratando de corregir en parte tal distorsión, cuando me desempeñé como diputado por Entre Ríos (1983/1991), junto a otros legisladores, propusimos y obtuvimos un aumento en el porcentaje de regalías a pagarse a la provincia: del 5 al 12% del importe que resulte de la venta de energía en bloque.Aunque, en su momento se lo registró como un logro importante, a poco andar resultó insuficiente.Porque, en definitiva, no quedaba del todo claro el procedimiento por el cual se determinaba el precio de la energía, y, por ende, el porcentaje de esas regalías que se pagaba a la Provincia.En la época de Menem -años 90-, al calor de la “ola privatizadora” en auge entonces, se planteó la posibilidad de traspasar Salto Grande a manos de empresas privadas.Como se recuerda, se gestó en Concordia y la zona, un importante movimiento de protesta contra tal iniciativa.Los entonces Concejales municipales de la UCR Dres. Julio Greco y Alberto Rotman, propusieron, utilizando los mecanismos de “democracia directa”, incorporados a la Constitución Nacional en la Reforma de 1994, (arts. 39 y siguientes) canalizar dicha cuestión, a través de una consulta popular a los habitantes de Concordia y la región.La votación se llevó a cabo en Concordia y otros varios municipios el 14 de mayo de 1995: el resultado fue un rotundo NO (más del 90%), al intento privatizador.No obstante, se cometió el grave error de hacer coincidir la consulta con la elección de Presidente.Se dio, entonces, la paradoja que, como coincidió con la elección de autoridades nacionales, y Carlos Menem ganó por amplio margen, ese mismo pueblo que se opuso a la entrega de Salto Grande, terminaba respaldando mayoritariamente a los gobernantes que enarbolaban tales planes.El impacto de la voluntad popular al respecto quedó diluido, y como es obvio, el gobierno de entonces siguió adelante con su voluntad privatizadora, como si nada ocurriera.Ante tal perspectiva, surgió la idea ¿por qué, si se entiende posible, privatizar total o parcialmente el emprendimiento no sería factible, como alternativa válida, transferirlo a la provincia?En tal circunstancia, el entonces senador nacional por Entre Ríos, Dr. Alcides López, presentó un proyecto en esa dirección (como lo menciona en un libro de su autoría, me invitó gentilmente a colaborar en el mismo)(*).Acompañando la iniciativa, pero con algún enfoque, un tanto diferente a la idea original, también adhirió el senador Héctor Maya (P. Justicialista).El proyecto se plasmó en el dictado por el Congreso Nacional de la ley 24.909.Que fue vetada en su totalidad por el presidente Menem (Decreto 1353/97).Como transacción al entuerto , finalmente las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, firmaron un acuerdo el 5/2/1998, ratificado por el Congreso Nacional , ley 24.954: de los excedentes derivados del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, el 67,5% corresponde a Entre Ríos, el 27,5% a Corrientes y el 5% a Misiones.Todos estos pasos, aunque significaran avance en su momento, a la larga han resultado escasos: entre otras cosas, porque se mantiene vigente la prohibición a “la parte argentina de los entes binacionales” (art. 35 inc. a) ley 24.065, respecto a la venta de la energía “a precio de mercado”.Esto es: no se termina de clarificar el “precio” de la energía generada, lo cual incide en que el monto de los excedentes que se liquida a las Provincias termina por ser sustancialmente menor al que correspondería.A todo ello hay que agregar los impuestos excesivos que se cargan a la tarifa, tales como el IVA e incluso tributos provinciales y tasas municipales que encarecen la factura que pagan los usuarios.Para no mencionar que, aunque la energía se produce aquí, se manda a una central nacional, de donde vuelve a nosotros, que tenemos que pagar el transporte.En los últimos meses del anterior gobierno, y, en el marco de un especial contexto político, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de un senador entrerriano que buscaba lograr una tarifa eléctrica más justa y con sentido federal.Proponía reducir el IVA, un sistema de compensaciones para que las Provincias tuvieran costos más equitativos en la distribución de energía, y un aumento de las regalías.Fue un avance en la dirección de corregir deficiencias, que impiden que nuestra región se beneficie con una tarifa eléctrica menor para el usuario residencial y de promoción para industrias y actividades productivas.Pero, insuficiente, desde que no encaraba el punto principal: la posibilidad de establecer el “valor de mercado” de la tarifa eléctrica, y, sobre esto, efectuar los cálculos.Lamentablemente incluso, el proyecto quedó congelado, al parecer sin posibilidad de avance inmediato, desde que el Senador de su autoría, envuelto en un sonado proceso de contrabando y, posiblemente otros delitos conexos, resultó separado del cargo por sus pares, fundado en razones de “inhabilidad moral”Más allá de las diferencias y enfoques partidarios, estimo que, los distintos legisladores que representan nuestra Provincia, debieran ocuparse en hacer que estos temas avancen en su tratamiento y aprobación, y no, como ya ha ocurrido con otros proyectos ambiciosos, quede cajoneado en algún archivo.Tal responsabilidad incumbe, en especial, a los Senadores como representantes naturales de los intereses de la Provincia (arts. 44 y 54 y siguientes Constitución Nacional).No guardo muchas expectativas, al menos en el futuro inmediato, desde que, quien encabeza una de las listas principales de candidatos a la Alta Cámara, propone retomar el vetusto y, ya descartado, proyecto privatizador.(*llamada) “Labor Parlamentaria Senador Nacional Alcides López”, Imprenta Congreso de la Nación, junio 2003, pag.85)
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