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Parana » Ahora
Fecha: 29/08/2025 05:45
En el marco del debate sobre la efectividad de la Ley de Narcomenudeo a 20 años de su sanción nacional y a casi seis de su adhesión en Entre Ríos, el abogado penalista Andrés Bacigalupo ofreció una perspectiva profundamente crítica sobre su aplicación y sus consecuencias. En diálogo con Canal 9 Litoral, Bacigalupo, referente en la materia, hizo un balance de la aplicación Ley 26.052 —que desfederalizó la persecución del narcotráfico— es “muy crítico desde todos los ámbitos”, a excepción de los poderes Ejecutivos que la utilizan con fines proselitistas. En la actualidad la norma rige en 14 provincias: Buenos Aires (2005), Córdoba (2012), Salta 2014, Chaco (2015), Formosa (2015), Entre Ríos (2018), Santiago del Estero (2018), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2019), Tucumán (2020), San Luis (2022), Jujuy (20222), Santa Fe (2023), Neuquén (2024) y La Rioja desde el 2005 si bien nunca efectivizó su aplicación. El profesional sostuvo que la ley, desde su concepción, está destinada a perseguir a microtraficantes de droga con pequeñas dosis, focalizándose en los “eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico”. Esto se agrava por la “criminalización secundaria” de las agencias punitivas del Estado (la policía), que persiguen este fenómeno casi exclusivamente en los sectores y barrios más vulnerables. Bacigalupo enfatizó que, si bien la ley busca golpear el microtráfico, termina enfocándose en los sectores más empobrecidos, generando condenas y un crecimiento en la población carcelaria, compuesta mayoritariamente por personas de bajos recursos. El abogado destacó una grave desproporción en las penas. Actualmente, “vender un porro tiene la misma pena, es decir 4 años de prisión, que vender 10, 100 o 1000 kilos”. Esta situación fue recientemente ratificada por la Corte Suprema, a pesar de un fallo previo que había declarado la inconstitucionalidad de estos mínimos penales. Bacigalupo señaló que el “clima de época” actual, marcado por crisis política y económica, altas tasas de desempleo y pobreza (50% según el observatorio de la deuda social argentina de la UCA, con un 28% de argentinos sufriendo hambre), es similar al de hace 20 años cuando se sancionó la ley. En estos contextos, los gobiernos buscan mostrar “más eficacia” y “calmar el clamor popular” a través de la persecución del “crimen más débil o fácil de atrapar”.
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