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La Paz » Politica con vos
Fecha: 28/08/2025 21:37
Lo que durante mucho tiempo circuló como denuncia hoy aparece confirmado en documentos judiciales: el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar Luciano García, estuvo durante años en conflicto judicial con su exesposa Ana María Presas por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria. El caso no era menor: una de sus 3 hijas, padece una discapacidad grave y requiere atención permanente. En julio de 2018, en el expediente “Presas Ana María y García Jorge Amílcar Luciano – Divorcio vincular s/ incidente aumento de cuota alimentaria”, se homologó un acuerdo que fijó en forma definitiva un 24% de su sueldo como cuota alimentaria para su hija (19% de alimentos + 5% de cuota suplementaria). Esa homologación, que ahora sale a la luz, muestra lo que el abogado Carlos Guillermo Reggiardo denunció con claridad: que el jefe de los fiscales violaba reiteradamente la Ley de Deudores Alimentarios y que, pese a ocupar el cargo más alto del Ministerio Público, negaba a su propia hija el derecho básico de asistencia familiar. El fallo del juez de Familia de Concepción del Uruguay cerró el pleito con un acuerdo, pero no analizó el trasfondo más grave: que quien debía garantizar el cumplimiento de la ley fue un deudor contumaz, beneficiado por la protección corporativa del poder judicial y político. Mientras cualquier ciudadano común es incluido de inmediato en el Registro de Deudores Alimentarios, a García jamás se lo tocó. El Jurado de Enjuiciamiento recibió en 2018 la denuncia de Reggiardo, que incluía este incumplimiento como cargo central de mal desempeño, pero el expediente fue archivado sin tratamiento de fondo. Se consumó así un nuevo capítulo de impunidad institucional: el máximo fiscal de la provincia blindado por sus propios pares, mientras su hija debía esperar años para obtener lo que le correspondía por derecho. Cabe aclarar que sin hacer un analisis profundo ni mucho menos, el juez homologo con un detalle: GARCIA NO PAGO LAS COSTAS, quebrando la regla de que son a cargo del alimentante y se establecieron por su orden.- El dato no es menor ni íntimo: es institucionalmente devastador. La falta de alimentos a un hijo es causal de remoción inmediata en cualquier magistrado, porque demuestra la ausencia de idoneidad ética y moral. Sin embargo, en Entre Ríos, a García se le permitió seguir decidiendo a quién se investiga y a quién no, con la credibilidad del Ministerio Público Fiscal convertida en cenizas. Hoy, al conocerse este acuerdo, queda al descubierto lo que se intentó ocultar: Reggiardo tenía razón. La corporación judicial calló, archivó y protegió al jefe de los fiscales, mientras en los tribunales de familia se consolidaba por escrito su incumplimiento con los más vulnerables: sus propios hijos. NdR: El Letrado fue imputado 5 veces luego del esa denuncia por García. (La Caldera)
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