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Parana » NSA
Fecha: 27/08/2025 19:14
Una buena noticia para Cristina Kirchner: el juicio por lavado de dinero en Hotesur-Los Sauces recién será en 2026 Cristina y Máximo Kirchner por primera vez estarán sentados juntos en el banquillo de los acusados, pero esa imagen no será este año. El juicio oral y público de los casos Hotesur y Los Sauces tendrá fecha de inicio, recién, para 2026. En este expediente se acusó a la exvice por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. El Tribunal recibió la pericia contable sobre la empresa hotelera pero aún falta la realizada sobre la inmobiliaria. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que con lo que queda de calendario judicial por delante, no se llegará a este año. El expediente se concentró en las empresas familiares Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó «con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario», según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando pidió que el juicio se realice. Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para «devolver» a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral, fueron condenados y la acusación confirmada por la Cámara de Casación. En lo que concierne a estas causas por lavado de dinero hay otro delito atribuido: el de dádivas, por tratarse de una funcionaria pública y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado. Con la decisión de los ministros de la Corte, que a finales del año pasado confirmo la realización del juicio oral, el expediente que se investigó por separado pero se unificó en la instancia de elevación a juicio oral regresó a Comodoro Py. Más específicamente, al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5). El presidente del TOF 5 ese el juez José Michilini, y realizará el juicio junto a su par Nicolás Toselli y a la magistrada Adriana Palliotti. El fiscal general Diego Velasco será el acusador. Recientemente, ingresó al Tribunal una pericia contable sobre Hotesur SA, la firma dueña del hotel Alto Calafate. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que esa medida de prueba “ingresó incompleta” y en consecuencia el juez Michilini solicitó cumplimentar ese informe. Además, aún se aguarda la recepción de la pericia sobre la inmobiliaria Los Sauces SA. Sí bien tiene un grado de avance importante, aún no ingresó al Tribunal. Sin todas esas pruebas completas, el TOF 5 no podrá fijar fecha de inicio del juicio que inquieta a Cristina Kirchner porque involucra a su hijo Máximo Kirchner. En función de los tiempos con los que cuenta actualmente el Tribunal, fuentes judiciales indicaron que el juicio no iniciará este año. Será un debate incluido en el calendario judicial 2026. De todos modos, la ex Presidenta condenada con sentencia firme por parte de la Corte volverá a sentarse en el banquillo de los acusados este 6 de noviembre, cuando inicie el juicio por el caso Cuadernos de las Coimas. En ese expediente Cristina está procesada y enviada a juicio acusada de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó al cobro de sobornos. La causa por lavado En función de los acuerdos comerciales que el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner celebraron, tanto Velasco como Mario Villar (fiscal ante la Casación Federal) entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que hay que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios». El circuito indicado por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales», es decir: Cristina Kirchner y su familia. La cronología es la siguiente. Desde 2009 a julio de 2013, el empresario ya condenado por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de su firma Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral. El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja. A esos acuerdos se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron. ¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? de Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner. La principal empresa del holding inyectó 70 millones de pesos a la gerenciadora de los hoteles y esos fondos terminaron en el patrimonio de la exvice. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) condenó a la ex vice y a Báez en el caso Vialidad. Allí se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” tuvieron como único origen, las irregularidades en las obras viales. El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio. Ese dinero, explicó la Justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”. Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez comandado por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”. El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta».
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