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Concordia » Hora Digital
Fecha: 25/08/2025 03:14
Los servicios básicos aumentaron un 578% entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet: 420 puntos porcentuales por encima de la inflación general. En agosto un hog Para medir la pobreza energética –una expresión que no es nueva, pero que comenzó a usarse con más frecuencia a fines de 2024, cuando la quita de subsidios impactó directamente en las tarifas de los servicios básicos– se consideran diferentes indicadores. Uno de ellos, señala un estudio de la Cepal, es el gasto en energía y el nivel de endeudamiento al que llega un hogar para poder pagarlos: entre otras cosas, se considera que invertir más del 10% de los ingresos disponibles ya es muestra de cierto grado de pobreza en términos energéticos. Esto es, cuando no se logran satisfacer las necesidades energéticas de manera continua, segura y estable. Según el relevamiento mensual del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, en agosto un hogar promedio del AMBA que no recibe subsidios necesitó $ 181.194 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable: esto representa el 56,3% de un salario mínimo vital y móvil, que para este mes es de $ 322 mil. En el primer semestre de este año ese porcentaje se amplió en 6 puntos (en enero el gasto en servicios era equivalente al 50% del ingreso básico). Y si se tiene en cuenta el primer dato de este tipo publicado por la UBA (marzo de 2024), el impacto es aún mayor: durante ese mes una familia necesitó $ 75.429, el 37,1% de un SMVM en ese entonces ($ 202.800). Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó un 578%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 158%, destaca el documento citado. Desagregado por servicio, el valor del gas natural fue el que más creció en este período (1419%), seguido por el transporte (810%), el agua (367%) y la energía eléctrica (301%): todos muy por encima del índice general de precios. Esta información no es menor si se considera lo que investigadores de otras instituciones, como la UCA, vienen advirtiendo desde hace tiempo: la pobreza medida por ingresos debería incorporar el peso relativo cada vez mayor que tienen estos gastos en la canasta de una familia. Mes a mes, salvo en algunos en los que se registraron caídas estacionales, los costos de los servicios aumentaron muy por encima de la inflación. En enero el Indec informó un aumento del índice de precios del 2,2%, contra un 3% en los servicios. En febrero los gastos se redujeron un 6%, pero en marzo volvieron a subir un 7,7% (4 puntos porcentuales por encima del dato de inflación general). Volvieron a reducirse un 2,8% en abril, pero en mayo registraron el crecimiento más importante del año: un 16,8% con respecto al mes anterior. Finalmente, en junio, el costo de la canasta de servicios creció un 10,2%. En una nota con este medio, Ianina Tuñón, investigadora de la UCA, explicó, en relación con la inseguridad alimentaria, que los ingresos de los hogares de trabajadores informales o precarizados “han cambiado su estructura de gastos” y que ahora existe “un fuerte componente orientado al pago de servicios que antes no teníamos, con lo cual habría que revisar el cálculo de la canasta básica total”. Tarifas y pobreza energética Cuando habla de satisfacer las necesidades energéticas básicas, la Cepal hace referencia a cuestiones como la cocción y conservación de alimentos, el acceso a agua caliente sanitaria, iluminación, tecnologías para la salud de personas en situación de electrodependencia, tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y climatización, tanto para calefacción como enfriamiento. Los jubilados destinan el 11,3% de sus haberes en la boleta de la luz, casi tres veces más que en 2023 El documento que estudia la pobreza energética en Argentina desagrega el concepto en cinco dimensiones que, aseguran, permiten identificar si un hogar se encuentra en esta situación. Estas dimensiones son el acceso a la electricidad, ya sea mediante una red pública o sistemas autónomos; un servicio de calidad, lo que implica una provisión continua, sin interrupciones; la posibilidad de contar con un servicio de conexión regular, algo que está directamente relacionado con lo anterior; la calidad de la vivienda, “un factor crucial para mantener temperaturas saludables y de confort para las personas que la habitan”; y el gasto en energía y el endeudamiento de los hogares para solventarlo. “Se ha reconocido como una condición asociada a la pobreza energética que los hogares tengan deudas en sus facturas de electricidad y gas, ya que expresa una dificultad para cubrir sus requerimientos energéticos e implica que puedan enfrentarse a cortes de suministro”. Una forma de medir esta última dimensión, explican más abajo los autores del estudio, es “la regla del 10%”: el porcentaje de hogares cuyo gasto en fuentes de energía supera este umbral. Aunque, aclaran también, esto “puede incluir a hogares de altos ingresos que gastan excesivamente”. Si se mide por salario promedio y no por salario mínimo, el gasto en servicios también requiere una fuerte inversión mensual: el 12,6%, según el más reciente informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios.
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