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» Comercio y Justicia
Fecha: 22/08/2025 17:53
Por Federico J. Macciocchi (*) En Córdoba, un sector del Poder Judicial decidió blindar a las empresas de autoahorro y cerró el paso a los procesos colectivos que buscaban cuestionar su modelo abusivo. La Cámara 8ª en lo Civil y Comercial encabezó ese retroceso, negando la legitimación colectiva y forzando a los consumidores a litigar de forma individual, aun frente a una estafa sistemática. No lo dijeron con esas palabras, claro. Usaron las fórmulas de siempre: no hay caso colectivo. Lenguaje técnico para evitar el fondo. Para no incomodar. Pero el resultado es brutal: se cerró la puerta a una respuesta estructural. A una solución para todos. Entonces ocurrió lo obvio, empezaron a iniciarse juicios individuales. Frente al bloqueo colectivo, cada consumidor que puede y quiere hacerlo, reclama. Y lo hace como puede, con las herramientas procesales disponibles. Ahora resulta que, en alguna parte del Poder Judicial, habría cierta preocupación no en la estafa sistemática de las empresas, sino… en el aumento de juicios! Se escandalizan por la “industria del juicio”. Ese eufemismo cobarde con el que pretenden desprestigiar el ejercicio de un derecho. Lo que en realidad inquieta no es la multiplicación de causas, sino que haya abogados, estudios, organizaciones que se animan a defender a quienes fueron vulnerados o estafados. A incomodar el statu quo. Es el viejo fantasma que cada tanto reaparece: “La industria del juicio”. Esa muletilla funcional al poder económico y político, que transforma el acceso a la justicia en sospecha y al abogado que litiga en enemigo interno. Como si hubiera algo intrínsecamente malo en que los ciudadanos reclamen, en que se judicialicen los conflictos cuando todas las otras puertas fallaron. Industria hay de todo tipo. Pero si hay un conjunto de abogados que decide litigar seriamente, técnicamente, con pruebas, fundamentos y convicción, ahí sí se encienden las alarmas. “Cuidado con la industria del juicio”. Nadie habla de la industria financiera que impone contratos abusivos, o de la industria automotriz que, a través de las empresas de autoplanes, defrauda a los ahorristas. Nadie titula con alarma el lobby de las cámaras empresariales, ni la pasividad judicial frente a los incumplimientos masivos de las normas y principios del derecho del consumidor. Pero si un conjunto de ciudadanos acude a la justicia, ahí sí, se encienden todas las alertas. No estamos discutiendo estadísticas judiciales. Estamos hablando del derecho de los consumidores a defenderse. A no resignarse. Y si esto genera más causas, que así sea. ¿Cuál es el problema? Es el precio de una justicia que funciona. La acción colectiva -esa herramienta democrática prevista en la Constitución y en la Ley de Defensa del Consumidor- fue concebida precisamente para evitar el desgaste del reclamo individual. Para evitar la multiplicidad de juicios que tengan una misma plataforma fáctica o jurídica. Pero en Córdoba, el argumento se invierte: se impide la acción de clase y luego se critica la avalancha de acciones individuales. ¿Quién puede sostener, en serio, que eso es eficiencia judicial? Hay que decirlo con claridad, no todos los jueces piensan igual. No todos se arrodillan frente al poder económico y político. En Córdoba también hay magistrados que entienden el rol del Poder Judicial en clave de acceso; que abren camino en lugar de cerrarlo; que se animan a decidir donde otros buscan excusas. A ellos, nuestro reconocimiento. A los otros –los que se preocupan más por la cantidad de causas que por la magnitud del daño-, nuestro mensaje. Más que temor a la industria del juicio, hay que temerle a la industria del silencio. Esa que calla por comodidad, por connivencia o por miedo. Porque mientras haya abogados dispuestos a representar a los olvidados, mientras haya ciudadanos que no se resignen, mientras haya fallos que desnudan prácticas abusivas o ilegales, la justicia -esa palabra tan manoseada- todavía puede tener sentido. (*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente Fundación Club de Derecho.
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