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Fecha: 22/08/2025 15:41
Lisandro Enrico, presidente de la Comisión de Poder Judicial de la Convención Reformadora, habló en el programa La Barra de Casal y explicó en detalle los principales acuerdos alcanzados —en especial entre convencionales radicales y socialistas— y los cambios trascendentales que quedarán plasmados en la nueva Constitución de Santa Fe. Uno de los puntos centrales del debate y del acuerdo alcanzado es el rediseño de la estructura del Poder Judicial, más que la modificación de su funcionamiento cotidiano. Como explicó Enrico, la Constitución provincial regula el diseño de los órganos más relevantes de los tres poderes del Estado, y no necesariamente cada una de sus leyes o mecanismos operativos. Por lo tanto, el enfoque fue redibujar los marcos institucionales clave que regirán la vida judicial santafesina en los próximos años. Uno de los avances más relevantes es el reconocimiento del Ministerio Público como un órgano extrapoder. Esto significa que fiscales y defensores dejarán de estar en la órbita del Poder Judicial y pasarán a formar parte de un ente autónomo. Esta decisión otorga independencia, autarquía y autonomía funcional al Ministerio Público, lo cual, según Enrico, es fundamental para garantizar una Justicia más eficiente y menos influenciada por otros poderes del Estado. En la Constitución vigente (de los años 60), no existía la figura del fiscal como la conocemos hoy. Antiguamente, el juez investigaba y acusaba. La reforma reconoce con rango constitucional a los fiscales y defensores, organizados en la Fiscalía General de la Provincia y la Defensoría General de la Provincia, respectivamente. El Ministerio Público contará con un titular: el Fiscal General, quien será designado por la Asamblea Legislativa a propuesta del Gobernador y tendrá un mandato de cinco años, con posibilidad de reelección. Esta duración fue parte de un intenso debate, ya que había posturas que sostenían que debía coincidir con el período del gobernador (cuatro años), para alinear la política criminal con la acción del gobierno. Sin embargo, prevaleció la idea de que la Fiscalía General mantenga una temporalidad independiente del Poder Ejecutivo, lo que refuerza su rol como órgano autónomo. Además, esta reforma pone fin a los cargos vitalicios o indefinidos: todos los cargos de conducción del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tendrán duraciones limitadas y renovables, lo que permitirá mayor control institucional y oxigenación del sistema. Otro cambio significativo es la creación de la Defensoría General con funciones más amplias. Actualmente, el Servicio Público de la Defensa está orientado exclusivamente a la defensa penal. Con esta reforma, la Defensoría abarcará todos los aspectos legales en los que una persona requiera representación y no cuente con un patrocinio letrado. Este concepto se denomina «Defensa Integral», y será un componente estructural del rediseño institucional.
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