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» Diariopinion
Fecha: 22/08/2025 02:21
La presentación, patrocinada por el abogado Juan Antonio Del Río, acusa a los dirigentes oficialistas de amenazas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. "El gildismo cree estar por encima de los derechos, por encima de la Constitución Nacional. Le decimos ¡basta! a los abusos y violaciones de derechos", manifestaron los convencionales opositores frente a la escalinata del Poder Judicial. Motivos de la denuncia Los opositores señalaron una serie de irregularidades graves en el funcionamiento de la Convención: Violación del reglamento interno, que regula las sesiones y el debate. Impedimento de ejercer el derecho a controlar proyectos y reformas, tanto en comisiones como en el plenario. Negación sistemática del uso de la palabra, incluso de los 7 minutos que reglamentariamente les corresponden. Discriminación operativa, al extremo de obligarlos a presentar dictámenes manuscritos por la falta deliberada de insumos como papel o impresoras. El conflicto se agravó cuando, el pasado 13 de agosto, Vera solicitó que se tratara en comisión la renuncia de los convencionales opositores, así como la posibilidad de aplicar sanciones. La moción fue aprobada en el plenario por pedido de su tía, la presidenta De la Rosa. Sin embargo, cuando los denunciantes asistieron a la comisión del 18 de agosto, el convencional Edgar Pérez les respondió que "todavía no tenemos un tiempo para tratar ese tema" y relativizó la urgencia del asunto, desconociendo lo resuelto por el pleno de la Convención. "Un atropello a la democracia" Para los convencionales de La Libertad Avanza, este episodio no es un hecho aislado, sino parte de un patrón autoritario y bochornoso. "El oficialismo maneja la Convención como una tribuna política para aplaudir al régimen, transformando las sesiones en una competencia de obsecuentes. La Constitución provincial se reforma a libro cerrado, con trámites exprés y sin dar lugar al debate democrático", denunciaron. Un quiebre institucional La denuncia ante la justicia formaliza lo que la oposición viene advirtiendo desde el inicio del proceso: que la Convención Constituyente no funciona como un ámbito democrático, sino como una herramienta de disciplinamiento político al servicio del poder de Gildo Insfrán. El caso ahora queda en manos de la Justicia provincial, que deberá determinar si existieron efectivamente conductas configurativas de delitos por parte de las máximas autoridades de la Convención.
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